MADRID/BRUSELAS, 21 (EUROPA PRESS)
Al contrario de lo que ocurrió en el conjunto de Reino Unido, los norirlandeses dijeron 'no' al Brexit en el referéndum de junio de 2016. Una vez asumido que debían acatar lo que no querían, los temores viraron hacia cuestiones prácticas, como la situación en que quedaría la única frontera terrestre de Reino Unido con un país miembro de la UE.
Por una parte, las partes querían proteger los Acuerdos de Viernes Santo que sentaron en 1998 las bases de la paz en el Úlster, garantizando con alguna fórmula los intercambios entre comunidades en la isla de Irlanda, y por otra también estaban obligadas a garantizar la integridad del mercado único europeo, del que Reino Unido quería desligarse.
Así nació el llamado Protocolo, adjunto a los acuerdos del Brexit y en el que se tiene en cuenta las especificidades geográficas e históricas de Irlanda del Norte. El territorio seguiría vinculado a una batería de normas de la UE que van desde cuestiones fiscales a normas fitosanitarias, pasando por temas de comercialización.
La contraprestación pactada en su día por Reino Unido y la Unión Europea fue el establecimiento de un sistema de controles en los puertos de Irlanda del Norte, de tal manera que las mercancías procedentes de Gran Bretaña --Inglaterra, Gales y Escocia-- no pudiesen terminar introduciéndose en territorio comunitario como venían haciéndolo antes del Brexit.
El protocolo, aplicable desde el 1 de enero de 2021, incluía además un mecanismo para que la Asamblea norirlandesa tuviese la última palabra a la hora de seguir aplicando a largo plazo legislación de la UE. Los diputados regionales debían pronunciarse pasados cuatro años --en principio en diciembre de 2024, según el plan inicial--.
EFECTOS COLATERALES
Tal como recogían los textos, el compromiso con Irlanda del Norte implicaba ciertos efectos colaterales en relaciones comerciales con el resto de Reino Unido, algo que los unionistas pusieron en tela de juicio en la medida en que veían en el Protocolo un distanciamiento económico y político hacia Londres, con todo lo que ello supone.
Este sector crítico, con el Partido Unionista Democrático (DUP) en la cabeza, ha llegado a bloquear la configuración de gobierno en Irlanda del Norte, que carece de gobierno en plenas funciones desde los comicios de mayo de 2022, en los que por primera vez se impuso el republicano Sinn Féin, defensor de la reunificación irlandesa.
Los unionistas encontraron eco en la élite británica que más abiertamente había abogado por romper lazos con la UE a toda costa, encabezados por el ex primer ministro Boris Johnson. Con él en Downing Street, el Gobierno puso sobre la mesa una ley para impugnar unilateralmente los acuerdos firmados, pese a que técnicamente ya eran a todos los efectos parte del Derecho Internacional.
La Unión Europea descartó desde un primer momento reabrir el melón del Protocolo, alegando que ya había sido pactado y que, por tanto, tan sólo cabía cumplir con las disposiciones recogidas en él.
La Comisión Europea mantiene hasta cinco expedientes sancionadores contra Reino Unido por el incumplimiento de disposiciones de un protocolo que tiene categoría de Tratado internacional y que podría terminar ante el Tribunal de Justicia de la UE, aunque Bruselas ha ralentizado esta vía judicial en aras de facilitar el acuerdo.
La tensión se hizo palpable en las conversaciones abiertas entre Londres y Bruselas, si bien la posición británica ha ido virando desde la dureza inicial de la etapa de Johnson hacia la mayor disposición al acuerdo que ha parecido mostrar el equipo del actual primer ministro, Rishi Sunak, como ha reconocido públicamente la parte europea.
En enero de este año, de hecho, las dos partes cerraron un acuerdo para intercambiar datos relativos a cuestiones comerciales que ya dejaba claro un acercamiento. También en estas últimas semanas se han sucedido los contactos --presenciales y telemáticos-- y las buenas palabras, en previsión de un posible acuerdo.
LA DERIVADA DE GIBRALTAR
Si finalmente Londres y Bruselas logran estos días poner solución a sus diferencias sobre cómo hacer cumplir el protocolo ello podría allanar también el camino para un acuerdo en otro asunto pendiente desde el Brexit; el alcance de la relación que la UE quiere con Gibraltar.
Aunque Bruselas y Londres han querido separar ambos procesos y defienden que sus negociaciones llevan caminos diferentes, lo cierto es que en la práctica la pérdida de confianza de los europeos en el Gobierno británico ha hecho difícil que hubiera avances tangibles también este protocolo.
Con la normalización de las relaciones entre Bruselas y el nuevo Gobierno de Sunak las conversaciones sobre Gibraltar también se han dinamizado y, si bien sigue estando pendiente de acuerdo, la confianza recuperada entre negociadores supone un obstáculo menos
