LIMA (AP) — Defensores de familiares de manifestantes fallecidos en las protestas contra el gobierno de la presidenta peruana Dina Boluarte criticaron el jueves la demora de la investigación de la Fiscalía.
El Ministerio Público indaga sobre la responsabilidad “de quien corresponda” por los presuntos delitos de asesinato y lesiones graves de 18 civiles que acontecieron en una manifestación en la ciudad sureña de Juliaca el 9 de enero, como parte de las protestas de los últimos dos meses y medios en las que se exige la renuncia de la mandataria y de los miembros del Parlamento.
En esa jornada también murió un policía calcinado dentro de un patrullero.
En una conferencia de prensa en el local de la organización Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el abogado Wilmer Quiroz aseguró que parte de las investigaciones a cargo de la fiscalía están dilatadas. Precisó que durante 40 días, desde que ocurrieron las muertes, el Ministerio Público sólo ha recabado documentos.
Solo desde hace una semana se han comenzado a revisar los videos de seguridad de las calles cercanas a las zonas donde murieron los civiles, aseguró el abogado del colectivo de activistas de tendencia progresista que lleva 40 años en el país.
“Son cerca de dos meses y aún las diligencias no se han realizado”, indicó Quiroz. “Unicamente han llegado las pericias toxicológicas, las de absorción atómica y los protocolos de necropsia", pero aún no se han realizado las pericias balísticas ni psicológicas. Tampoco, insistió, se ha llamado a declarar a los policías y militares que intervinieron en el choque letal.
Quiroz —acompañado de varios de los familiares de las víctimas que llevaban retratos de sus fallecidos— dijo que, en especial, falta tener las declaraciones del oficial Juan Pedrera Ruiz, quien era jefe de la policía antimotines en Juliaca y responsable de la seguridad del aeropuerto de esa ciudad, un punto en el que murieron varios de los manifestantes. “Él debe responder por qué ordenó matar a tantos ciudadanos el 9 de enero de 2023 en Juliaca”, acusó el abogado Quiroz.
AP intentó comunicarse con la fiscalía y la policía en busca de comentarios sin obtener una respuesta al momento.
Esa jornada de protestas en Juliaca dejó la cifra de fallecidos más alta en dos décadas en Perú en choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad: 19 personas muertas, incluyendo una menor y un médico que, en su día libre, acudió a las protestas y auxilió a manifestantes. Una de las víctimas es un policía que fue hallado quemado dentro de un patrullero incendiado.
Según la Defensoría del Pueblo, más de dos meses de protestas contra el gobierno de Boluarte han dejado 60 muertos, de los cuales 48 fallecidos ocurrieron en choques directos con las fuerzas de seguridad. Las manifestaciones contra Boluarte empezaron luego de que tomara el poder el 7 de diciembre en reemplazo del entonces presidente Pedro Castillo, que fue destituido por el Parlamento tras intentar disolver el Congreso para evitar ser removido del cargo.
