Naciones Unidas ha concedido al Gobierno peruano de Dina Boluarte un plazo de 60 días para que entregue informes sobre la respuesta policial a las protestas antigubernamentales que se registran en el país desde principios de diciembre y en las que han muerto en torno a 60 manifestantes.
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La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha remitido un comunicado al Gobierno andino en el que reconoce haber recibido información sobre el “uso excesivo de la fuerza provocando un elevado número de muertes ilícitas”, así como decenas de heridos.
El escrito, al que ha tenido acceso el diario peruano ‘El Comercio’, fue remitido al Ejecutivo el pasado viernes y cuenta con la rúbrica de Beatriz Balbín, jefa de la subdivisión de los procedimientos especiales.
Asimismo, el organismo de Naciones Unidas ha alertado de la presunta “utilización abusiva de los tipos penales de terrorismo” en contra de los manifestantes y disidentes, “detenciones supuestamente arbitrarias”, casos de “estigmatización y violación al debido proceso”, e incluso un caso de desaparición forzada.
En la misma línea, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha puesto la lupa sobre el allanamiento a la Universidad de San Marcos, intervenciones y detenciones sin presencia de fiscales o abogados, así como el uso del “terruqueo” --acusaciones de vínculos con el terrorismo-- con acusaciones “abusivas” contra manifestantes.
En el apartado de los manifestantes fallecidos, el organismo de la ONU ha resaltado especialmente los enfrentamientos en Apurímca, que se saldaron con seis muertos; los de Ayacucho, donde fallecieron otras diez personas; y los de Juliaca, donde perdieron la vida cerca de una veintena de civiles.
En base a estas informaciones, el organismo ha solicitado al Gobierno de Boluarte una respuesta en un plazo inferior a dos meses, instando a las autoridades “a que adopte todas las medidas necesarias” para proteger los derechos y las libertades de la población.
Finalmente, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha exigido al Ejecutivo andino “investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas”.
