MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
Así se desprende del Informe Anual de la institución, que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha entregado este lunes a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet.
En concreto, la institución tramitó 31.452 expedientes, 2.051 más que en 2021, que dieron lugar a 2.498 resoluciones a las diferentes administraciones, de las que 739 fueron recomendaciones, 1.392 sugerencias, 365 recordatorios de deberes legales y dos advertencias.
Además, inició 250 actuaciones de oficio ante distintas administraciones, y recepcionó 125 solicitudes de interposición de recursos de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional --que se corresponden a 11 leyes y decretos estatales y cinco leyes y decretos autonómicas--. Además, se atendió personalmente a 37.210 ciudadanos, 36.152 de ellos a través de llamadas telefónicas y 1.058 de una forma presencial.
Según Ángel Gabilondo, "los ciudadanos han insistido con sus quejas, entre otras cosas, en que las administraciones no deben descuidar la sanidad ni los servicios públicos esenciales por ser éstos fundamentales en un estado de derecho robusto, justo y solidario".
Asimismo, ha precisado que las quejas de los ciudadanos también se han dirigido a "que los procesos de digitalización han de ser compatibles con la asistencia presencial para personas que, por determinadas circunstancias, tienen dificultad para acceder a la comunicación virtual u online".
En este mismo sentido, Gabilondo ha puesto de relieve que han sido "cuantiosas" las quejas recibidas "por la dificultad a la que se enfrentan los ciudadanos a la hora de conseguir cita en oficinas de la Seguridad Social y en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPES)".
"El informe que hoy presentamos a la presidenta del Congreso de los Diputados y que ha sido registrado en las Cortes Generales, hemos tratado que fuera más ágil, breve, asequible y que retrate con claridad las principales preocupaciones ciudadanas. No es una sucesión de avatares o circunstancias que conciernen a los ciudadanos, sino que cabría decir que ellos son en gran parte los protagonistas y redactores del mismo, que constituye una determinada radiografía de la sociedad española", ha subrayado.
Por procedencia geográfica, el mayor número de quejas llegaron de la Comunidad de Madrid (7.780), Andalucía (3.394), Comunidad Valenciana (3.154) y Cataluña (2.975). Se repite la situación de 2021 cuando estas cuatro comunidades ocuparon, en este mismo orden, la misma posición en el ranking.
El Informe anual 2022 recoge, además de los datos estadísticos, un listado con los asuntos más destacados en los que ha intervenido la institución, y la actividad por áreas de supervisión a las administraciones públicas. El informe se cierra con apuntes acerca del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, y sobre la encomienda del Congreso de los Diputados a la institución, en marzo de 2022, para que creara una comisión independiente que elaborara un informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos.
Según el Defensor, actualmente los trabajos "avanzan, se siguen recogiendo testimonios y se ha comenzado a redactar el informe" cuyo estado de la cuestión pretende presentar en el Congreso de los Diputados "antes de que acabe la legislatura".
