MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
La fiscal general de Israel, Gali Baharav-Miara, ha advertido este viernes al primer ministro, Benjamin Netanyahu, que su intención de participar en la reforma del aparato judicial propuesta por su Gobierno "es ilegal" debido al "conflicto de intereses" existente por el juicio por presunta corrupción abierto contra él.
Netanyahu afirmó el jueves que su Ejecutivo seguirá adelante con la reforma "de forma responsable" e incidió en que actuará para "defender los derechos individuales", horas después de que el Parlamento aprobara una ley para impedir que sea cesado por sobrepasarse en sus funciones, después de que la propia Baharav-Miara le pidiera en febrero no "intervenir" en estos procesos por el juicio contra él.
"Planeo defender los derechos individuales. Garantizaré los derechos de todos los ciudadanos de Israel", dijo 'Bibi', quien recalcó que "toda legislación tendrá que respetar estos principios". "Planeamos presentar una legislación detallada y lo supervisaré personalmente", manifestó.
En esta línea, destacó su intención de involucrarse de forma directa al asegurar que "deja de lado el resto de asuntos". "Haré todo lo que pueda para encontrar una solución por nuestro pueblo y nuestro Estado", aseveró, en un mensaje con un tono más conciliador en el que reconoció que los defensores y los críticos de la reforma tienen preocupaciones a tener en cuenta.
En respuesta, la fiscal general israelí ha subrayado en una misiva enviada a Netanyahu que sus declaraciones "y toda acción que adopte" en lo relativo a la reforma del aparato judicial "es ilegal y está marcada por un conflicto de intereses", tal y como ha recogido el diario israelí 'Haaretz'.
"La situación legal es clara. Debe evitar cualquier participación en medidas para reformar el sistema judicial, incluida la composición del Comité de Nombramientos Judiciales, ya que este papel en estos asuntos sería un conflicto de intereses", ha reiterado Baharav-Miara, que ha dicho que la decisión de la Knesset no exime a 'Bibi' de este punto.
Asimismo, Baharav-Miara ha hecho hincapié en que el primer ministro "debe evitar dar instrucciones relativas a iniciativas judiciales, ya sea de forma directa o indirecta", algo en lo que ya abundó en sus afirmaciones en febrero, criticadas por Netanyahu, quien entonces aceptó la orden de que no gestione asuntos relacionados con el sistema judicial, si bien mostró su rechazo a que se le niegue participar en el debate sobre la reforma.
En respuesta a las palabras de la fiscal general israelí, fuentes cercanas a Netanyahu han incidido en que 'Bibi' "no ha violado ningún fallo del Tribunal Supremo o ningún acuerdo sobre conflicto de intereses" y han asegurado que sus palabras del jueves "no tienen repercusión alguna sobre sus asuntos personales".
"Netanyahu ya ha informado al Tribunal Supremo que ningún nuevo juez seleccionado por el Comité de Nombramientos Judiciales gestionará de forma directa o indirecta los asuntos del primer ministro", han explicado.
El primer ministro está siendo juzgado por varios casos de corrupción, si bien ha rechazado las acusaciones y ha hablado de una "caza de brujas" y "golpe de Estado judicial". 'Bibi', que logró ensamblar un nuevo Gobierno tras las legislativas de noviembre, está acusado de recibir sobornos, fraude y violación de la confianza en tres casos separados.
La situación en torno al papel de Netanyahu en la reforma judicial se suma al creciente malestar en el país por la propuesta del Gobierno, integrado por varios partidos ultraortodoxos y ultraderechistas, que ha desatado duras críticas de la oposición y decenas de protestas en el país, reprimidas por las fuerzas de seguridad con gases lacrimógenos y cañones de agua en varios puntos del país durante la jornada del jueves.
La propuesta, planteada por el ministro de Justicia, Yariv Levin, y respaldada por Netanyahu, daría al Gobierno control total sobre el nombramiento de jueces, incluidos los del Tribunal Supremo, y limitaría en gran medida la capacidad del tribunal de anular legislación que viole la Constitución, al tiempo que permitiría al Parlamento modificar leyes que consiga anular con una mayoría simple de 61 de los 120 diputados.
