MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
Estas cinco mujeres con parálisis cerebral han aprovechado este acto para denunciar, además, la "violencia institucional" que, según han explicado, sufren a diario y para exigir al Gobierno y resto de administraciones que actúen para poner fin a esta situación y para que, "de una vez" se cumplan los derechos que, a su juicio, "a día de hoy son vulnerados".
En la jornada, presentada por la delegada de Derechos Humanos y coordinadora de Incidencia, Ángeles Blanco, se ha explicado que la cifra de mujeres con parálisis cerebral que sufre discriminaciones diarias supone "casi el doble" que en el caso de los hombres en las mismas circunstancias.
Como ejemplo a estas situaciones, Mayte ha puesto sus problemas habituales de comunicación. Según ha explicado, "la mayoría" de estas mujeres tienen "movimientos involuntarios y dificultades para pronunciar" y como no las entienden "creen que lo que se dice carece de sentido y ni si quiera se las escucha". "Si vamos acompañadas se dirigen al acompañante, como si nosotras no estuviéramos presentes. Y cuando vamos solas nos infantilizan cambiando el tono de voz y utilizando diminutivos", ha criticado.
En esto han coincidido Silvia y Rosa. La primera ha lamentado que las personas no suelen tener "paciencia para escucharlas" por lo que se sienten "ignoradas" e "impotentes". "Por eso a veces uso sistema de comunicación aumentativa", ha declarado. La segunda, ha explicado que, al final, se agotan "de estar siempre demostrando" lo que pueden hacer.
DISCRIMINACIÓN EN LA EDUCACIÓN
Rocío, por su parte, ha señalado que en colegio nadie le enseñaba a leer porque ella tenía mayores necesidades de apoyo a nivel físico. "Entendieron que por mi discapacidad yo no podía aprender a leer y tenía que pintar, pero yo me aprendía las letras y hoy en día soy diplomada en trabajo social", ha explicado.
Mientras, Laura ha recalcado que actualmente acude a la universidad ya que está haciendo el doble grado en Economía y ADE pero que es su madre la que tiene que atender sus necesidades porque la Ley de Formación Profesional y la Ley de Universidades no contempla la figura de la asistencia personal.
Falta de adaptación de medios en la sanidad, dificultades para acceder a un empleo público, o la imposibilidad de vivir una vida independiente, son otras de sus reclamaciones. "Me gustaría que se tuviera en cuenta mis capacidades y el derecho a decidir, dónde, cuándo y cómo. Quisiera vivir en mi casa con apoyo de asistencia personal, aunque sé qué será difícil", ha explicado Rosa.
La presidenta de la Confederación ASPACE, Manuela Muro, ha explicado que en 2022 la entidad recibió 92 consultas de mujeres con parálisis cerebral a través del servicio de asesoría jurídica, de las cuales, según ha señalado, 32 tenían que ver con situaciones de violencia.
Pero, también ha incidido en la situación que viven en diferentes esferas de su vida como la salud, la sexualidad, la inserción laboral, la educación o el acceso a la comunicación. "Las mujeres encuentran muchas barreras para que sus derechos se vean cumplidos y por eso, tenemos claro que los cambios que necesitamos pasan por cambiar la mirada hacia ellas", ha declarado.
ABANDONAR EL MODELO CAPACITISTA
A su juicio, hay que "dejar a un lado el modelo social capacitista" e incluir a estas mujeres "en los discursos feministas" y "nombrarlas en el ordenamiento jurídico de forma específica, con sus necesidades de apoyo y con su realidad".
Frente a estas peticiones, el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco, ha mostrado su compromiso con los derechos de las mujeres y niñas con parálisis cerebral y ha asegurado que el Gobierno está trabajando para que se las incluya en las leyes.
De hecho, según ha explicado, se están poniendo "todos los esfuerzos" en este sentido en la reforma de la ley de dependencia y autonomía personal, en la que se recoge el blindaje de la asistencia personal como uno de los dispositivos más empoderadores para las personas con discapacidad, especialmente de aquellas con mayores necesidades de apoyo.
En el acto también ha participado la fiscal de Sala de los Servicios de Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, María José Segarra, quien ha destacado los pasos dados para que se reconozca la comunicación aumentativa y alternativa en el ámbito judicial para que todas ellas puedan ejercer su derecho de acceso a la justicia. "Deben tener derecho a que se facilite la comunicación y a que exista una figura que las acompañe", ha asegurado.
En este sentido, ASPACE ha explicado que se está trabajando junto con la unidad coordinadora de discapacidad y mayores de la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial y la asociación a favor de personas con discapacidad de la Policía Nacional en un protocolo de prevención, detección y abordaje de la violencia sexual en mujeres con parálisis cerebral.
