CARACAS (AP) — Venezuela y Colombia manifestaron el lunes que esperan que la conferencia internacional que promueve el gobierno de Gustavo Petro abra el camino para poner fin a las sanciones contra Venezuela como preludio para animar las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición.
En la conferencia, que se celebrará el 25 de abril en Bogotá y en la que se espera la participación de unos 15 países europeos y latinoamericanos, no estarán presentes delegaciones oficiales ni del ejecutivo venezolano ni de la oposición, confirmó recientemente el canciller colombiano, Álvaro Leyva.
La mesa de diálogo en México, cuyo funcionamiento ha sido intermitente desde el 2021, se mantiene suspendida desde noviembre pasado. Y la cita promovida por Colombia pretende que se retomen los encuentros.
Maduro confía en que la iniciativa colombiana permita dinamizar y reanimar los esfuerzos de su administración por lograr “un diálogo en paz, un diálogo para superar los problemas de los venezolanos”, según declaró el lunes.
El mandatario venezolano aspira a que el encuentro de la próxima semana sirva para “pasar la página de este período tortuoso, de persecución económica, financiera, de medidas coercitivas unilaterales, de sanciones”.
Horas antes, el presidente colombiano Gustavo Petro se pronunció en el mismo sentido y aseguró a la prensa desde Nueva York que la cumbre, que contaría con presencia de cancilleres de distintos gobiernos, persigue el objetivo de que “no haya sanciones” contra Venezuela y se fortalezca la democracia en ese país.
La conferencia busca también “destrabar las negociaciones que realiza Venezuela, Estados Unidos, México y Noruega, con un objetivo: que no haya sanciones y que haya mucha más democracia", acotó Petro. Que “sea lo que el pueblo venezolano, libre, sin presiones, decida sobre su futuro inmediato”, dijo el mandatario colombiano.
”Más democracia, cero sanciones, es el objetivo de la conferencia en Bogotá”, insistió.
El gobierno colombiano espera que Estados Unidos participe en el encuentro que se realizará pocos días después de la reunión de Petro del jueves con el presidente estadounidense, Joe Biden.
Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo el viernes a The Associated Press que Washington trabaja con Colombia como parte de un grupo de coordinación internacional que busca devolver a Venezuela a la democracia. “La planificación para la próxima etapa de este grupo internacional es temprana y no podemos confirmar los detalles en este momento”, añadió.
Tras un encuentro privado con Leyva el domingo en Caracas, Maduro indicó el lunes que transmitió a Petro a través del canciller su respaldo para que la conferencia tenga éxito y ayude a buscar el “punto para que toda la comunidad internacional tenga una sola voz” contra las sanciones.
Los comentarios del mandatario venezolano se produjeron horas después que la cancillería venezolana publicara un comunicado en que manifestaba su “disposición firme de avanzar en el logro de acuerdos concretos con todos los sectores políticos de nuestro país”. Sin embargo, advirtió que únicamente “se podrá avanzar en el diálogo” cuando "se hayan anulado todas las medidas coercitivas unilaterales”.
Maduro había condicionado previamente su regreso a la mesa de negociaciones hasta que no se materialice un acuerdo que prevé la creación de un fondo de recursos, que será manejado por Naciones Unidas para atender la compleja crisis social de este país sudamericano. El gobernante no mencionó el lunes ese acuerdo.
Gerardo Blyde, coordinador de la delegación opositora en los diálogos en México, ha dicho que el acuerdo tiene una serie de reglas que ambas partes deben cumplir, destacando, empero, que en ningún momento se contempló que los recursos serían transferidos de forma inmediata o a una cuenta del gobierno.
El fondo mencionado estaba dirigido fundamentalmente a recuperar los activos bloqueados del Estado venezolano en el exterior, que según el gobierno de Maduro, “se encuentran secuestrados” en el sistema financiero internacional debido a las sanciones.
Esas medidas buscan impedir que el gobierno venezolano realice transacciones financieras y comerciales en el extranjero, acceda a activos internacionales de Venezuela y negocie en el mercado con petróleo u oro. Washington, además, prohibió a los estadounidenses y a sus socios internacionales hacer negocios con Caracas para presionar a Maduro a dejar el poder, argumentando que fue electo en 2018 en comicios fraudulentos.