MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
En concreto, los magistrados Alejandro Ramelli y Hugo Escobar habrían recibido amenazas de muerte, pidiendo al Gobierno la ayuda necesaria para garantizar su seguridad y el ejercicio de sus funciones.
El propio presidente colombiano, Gustavo Petro, ha condenado estas amenazas, presuntamente responsabilidad del Clan del Golfo. "La búsqueda de la verdad siempre será el principio fundamental de todo proceso de paz", ha asegurado. "Si el Clan del Golfo no entiende que la Paz implica la verdad, es mejor que lo diga y no perdamos tiempo", ha agregado.
Sin embargo, este domingo los miembros del grupo han negado tener cualquier tipo de relación con dichas amenazas, asegurando a través de un comunicado que "no afectamos a la institucionalidad, ni mucho menos la importante labor de los miembros de la rama judicial del poder público".
El Clan del Golfo, heredero de las ya disueltas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), es una de las estructuras criminales que había mostrado disposición por participar en los diálogos de paz del Gobierno de Petro tras iniciar la negociación con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
No obstante, el estatus de organización narcoparamilitar delimitaría el marco de actuación en estas negociaciones. El Gobierno ya ha aclarado que este tipo de grupos, al carecer de trasfondo político, debe someterse a la Justicia.
