MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
El informe ha analizado los episodios de violencia y represión policial que se cometieron durante las protestas que tuvieron lugar entre el 7 de diciembre --el mismo día en el que el expresidente Pedro Castillo fue destituido y apresado-- y el 23 de enero, especialmente en las ciudades de Ayacucho y Puno.
En el caso de Ayacucho, la CIDH sostiene que estas "graves violaciones" contra los Derechos Humanos deben ser investigadas bajo un "enfoque étnico-racial" y que al ser cometidas por agentes del Estado, las muertes que se produjeron podrían ser calificadas de "ejecuciones extrajudiciales".
Al menos diez personas murieron en Ayacucho. Las necropsias mostraron que todas ellas murieron por disparos de armas de fuego dirigidos al tórax, al abdomen y a la cabeza. "Dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre", ha recalcado la CIDH en su informe, según recogen medios peruanos.
La CIDH ha señalado que la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme y que se registraron varios episodios en los que se ejerció un uso excesivo de la fuerzas. Así, en Lima, Ica, Arequipa y Cuzco, "la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza".
La Comisión ha recomendado a una solución dialogada para salir de esta nueva crisis política en Perú y al Gobierno que pongan en marcha los mecanismos necesarios para investigar estos hechos y resarza de manera completa a las víctimas.
Con motivo de la destitución y detención del expresidente Castillo el pasado 7 de diciembre, miles de personas salieron a las calles a protestar contra las nuevas autoridades encabezadas por Dina Boluarte. La represión de las movilizaciones dejó cerca de 60 personas muertas, entre ellas un policía, casi mil heridos y decenas de detenidos.
