LA PAZ, Bolivia (AP) — El gobierno boliviano, una federación de mineros artesanales y la organización Planet Gold firmaron el miércoles un acuerdo para reducir el uso del mercurio en cuatro años, para lo que se anunció un plan que contempla 6.500 millones de dólares de inversión.
“Es un dinero que está siendo gestionado a través del gobierno central, es una donación no reembolsable que viene del Fondo Mundial para el Medio Ambiente”, informó el viceministro de Medio Ambiente, Magin Herrera.
El presidente de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco), Eloy Sirpa, indicó que ya realizan talleres sobre los peligros del uso del mercurio en la minería artesanal.
“Queremos hacer minería responsable, pero esto no solo es un trabajo de los operadores, sino en conjunto con las autoridades de gobierno”, mencionó. Ya en 2021 y 2022, la ONU y la Organización de Estados Americanos solicitaron a Bolivia que implementara un plan en este sentido.
El mercurio es un metal toxico para la salud y el medio ambiente que se utiliza para encontrar el oro en la minería artesanal, aunque también más recientemente por empresas que operan con enormes dragas en ríos y reservas naturales de la Amazonia boliviana.
Bolivia es parte del Convenio de Minamata que busca proteger la salud humana y el medio ambiente ante las emisiones de mercurio, pero organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) solicitaron en 2021 y 2022 que cumpla con un plan para reducir el mercurio.
Investigaciones del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) de 2022 apuntan que el país está entre los tres que más importan mercurio a nivel mundial con al menos 190 toneladas anuales.
El viernes el gobierno dio un paso importante en un operativo contra la extracción de oro en el río Madre de Dios, en la Amazonía boliviana, con la detención por la policía de 57 personas. De ellas, 19 fueron envidos a prisión preventiva por cuatro meses, mientras los demás se defenderán en libertad. Además destruyeron 27 dragas que estaban operando sin permiso.
Estos operativos resultan, en cambio, insuficientes para indígenas y activistas ambientales que cuestionan que solo sean atrapados los trabajadores y no los dueños del negocio.
