QUITO (AP) — Hasta hace pocos años Ecuador era considerado por sus habitantes un país de paz. Ahora los ecuatorianos tienen una consigna compartida para el presidente que resulte ganador de las elecciones del próximo domingo: seguridad.
La delincuencia y el crimen organizado han convertido en los últimos tres años el territorio del país andino en un espacio sin tranquilidad, con asesinatos, secuestros, extorsiones y robos en el orden del día de los ciudadanos.
Recuperar el control de las calles y en las cárceles del país -donde según el gobierno se origina la violencia por orden de las bandas delictivas- es el principal desafío para los ocho candidatos que se postulan a presidente y que tendrán apenas 18 meses de gobierno.
Las elecciones adelantadas por una maniobra del presidente Guillermo Lasso al disolver la Asamblea y acortar su propio mandato se celebran para elegir al reemplazo hasta mayo de 2025.
El llamado a las urnas llega con un ambiente aún más enrarecido y atemorizante para los 13,45 millones de votantes tras los recientes asesinatos del candidato presidencial Fernando Villavicencio y de Agustín Intriago, alcalde de Manta, la tercera ciudad del país. Los ataques conmovieron a la población y dejaron más en evidencia la vulnerabilidad de la sociedad ante el crimen organizado.
La analista política Grace Jaramillo, de la universidad British Columbia, en Vancouver, destacó a The Associated Press que “esos asesinatos mostraron a los ecuatorianos lo grave de la situación” cuando el país estaba aún tratando de asimilar un inusual ambiente marcado por las extorsiones, los secuestros y la acción de los sicarios.
La consecuencia, agregó Jaramillo, es que “la economía, la productividad, las exportaciones, todo esté deprimido; cada vez hay menos empleos por la inseguridad” y que la principal preocupación de un 80% de los ecuatorianos sea encontrar una solución para ese problema complejo y de hondas raíces. “Una solución rápida, quizá autoritaria, y eso apaga el resto de preocupaciones sociales”, reflexionó.
Los ocho candidatos, incluido el periodista Christian Zurita, cuya postulación fue aceptada el miércoles por la noche a un día de terminar la campaña electoral, llevan como bandera para las elecciones el combate a la delincuencia y la inseguridad.
Todos además tienen puntos coincidentes en la fórmula que aplicarán para lidiar con la acción criminal en caso de ocupar el Palacio de Carondelet: reforzar el equipamiento y el número de integrantes de las fuerzas del orden, recuperar el control de las cárceles y ser firmes en el combate a la delincuencia.
También coinciden en no haber presentado ante los votantes detalles concretos sobre cómo conseguir esos resultados en un contexto de economía debilitada y dificultades burocráticas en la contratación pública.
Sobre todo, teniendo en cuenta que las autoridades ecuatorianas han señalado a los cárteles mexicanos de Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa, así como al colombiano Cártel del Pacífico y a la mafia albanesa, como los responsables últimos de la violencia y de la pugna de territorio que mantienen bandas locales en el país. Desde puertos y playas ecuatorianas se exportan ingentes cantidades de estupefacientes, especialmente cocaína a Estados Unidos, Europa y otros destinos.
Durante el gobierno de Guillermo Lasso, entre mayo de 2021 y agosto de este año, los agentes han decomisado 480 toneladas de drogas, un 88% en la región costera. En paralelo, las estadísticas de muertes violentas llevan dos años duplicándose y se mantienen en curva ascendente este 2023 con más de 3.500 asesinatos registrados.
Jaramillo dijo que la acción del crimen organizado encuentra a la sociedad ecuatoriana profundamente dividida y sin decisión de unir esfuerzos “para hacer frente a éste y otros problemas que les afectan”. Las soluciones, apuntó la analista, tomarán décadas.
Además de lidiar con un crisis de violencia y el consecuente desánimo de la población, el futuro presidente recibirá un Ecuador que no ha logrado recuperarse de la contracción que dejó la pandemia. El Banco Central redujo su expectativa de crecimiento para 2023 de 3,1% a un 2,6%, un rendimiento de la economía anual que los analistas pronostican incluso menor.
La tasa de desempleo es reflejo de este panorama al situarse en un 3,8 %, según datos del Instituto de Estadísticas y Censos, y estar acompañada de un perfil de trabajos en los que predomina el subempleo, la informalidad y la precariedad de los puestos de trabajo que no llegan a un sueldo mínimo legal.
Sandra Jarrín tiene 52 años y hace cuatro ella y unas 20 personas de la empresa en la que trabajaba como recepcionista perdieron su empleo por un recorte de personal. Desde entonces no ha logrado encontrar una nueva plaza.
“Desde la pandemia el país no produce igual y ahora todo es virtual, eso reduce los espacios de trabajo”, comentó a AP. Además del desempleo, le preocupa la inseguridad. “No estamos seguros ni afuera ni en nuestros hogares”, dijo decepcionada y aseguró que el próximo gobierno deberá atender estos dos problemas como una prioridad.
El ganador de las elecciones presidenciales heredará un Estado en el que se han reducido los ingresos petroleros -siendo una nación que depende mayoritariamente de las exportaciones de crudo- y la recaudación tributaria debido a reformas legales y a la pérdida de capacidad de consumo de la población.
Según datos del Ministerio de Finanzas, las arcas públicas recibieron entre enero y julio 991 millones dólares del petróleo frente a los 02.307 millones del mismo período de 2022, menos de la mitad. En tanto, los ingresos tributarios este año cayeron 137 millones de dólares.
La inversión extranjera directa en el país fue de 829 millones de dólares, apenas un 1% del Producto Interno Bruto anual, cuando en los vecinos Perú y Colombia manejan rangos de 4% y 6% del PIB.
En diálogo con AP el secretario técnico del Observatorio de la Política Fiscal, Jaime Carrera, estimó que el futuro gobernante recibirá una condición “en extremo delicada”. El déficit fiscal -la diferencia entre ingresos y gastos del Estado- que heredará la nueva administración bordea los 5.000 millones de dólares, según el analista económico, a lo que hay que sumar el pago de amortizaciones e intereses de la deuda pública por unos 7.000 millones de dólares.
En la feria de ofertas para convencer a los ecuatorianos que han lanzado los ocho postulantes al sillón presidencial no faltan las menciones a que pueden sacar al país del atasco, pero en sus discursos ninguno ahonda cómo lo cumplirá.
En las calles, los ciudadanos se debaten entre el desencanto y la poca esperanza.
“No veo un camino o una luz para nuestro país", se lamentó Aracely Sandoval, una docente de 46 años, que no ve ninguna buena opción en ninguno de los candidatos. "La decadencia de los valores en los políticos y en la gente que nos representa ha fulminado nuestras perspectivas de crecimiento”, comentó a AP.
El problema de la ingobernabilidad no terminará en las urnas, según el análisis de Santiago Cahuasquí, analista y docente de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional SEK. “Lastimosamente se está inaugurando un período de pocas capacidades de gobernabilidad para el próximo gobierno y pocas capacidades del Legislativo para encajonar una agenda que resuelva los problemas del país”, dijo.
En la misma línea, Diego Pérez, profesor y analista de seguridad del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), consideró que al nuevo gobernante le espera un país que ha perdido la capacidad estatal de control y una “noción imperante de impunidad e ineficiencia de las instituciones”, que suman un contexto complejo de “descomposición del Estado”.
“No se trata de conseguir un héroe que se siente en Carondelet; este problema no se resuelve en un periodo de gobierno ni se soluciona por una persona, hay que involucrar a todos” y reencauzar las fuerzas hacia problemas generacionales y estructurales como la pobreza, aseveró.
