TEL AVIV, 27 (DPA/EP)
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha reconocido este domingo que su Gobierno contempla el uso de la llamada "detención administrativa", un polémico régimen que permite retener de manera prácticamente indefinida a sospechosos sin necesidad de presentar cargos, para atajar la explosión de violencia criminal en las comunidades árabes del país.
Casi 160 personas han muerto desde principios de año por la actuación de las mafias en las poblaciones árabe-israelíes; una ola de violencia que en la última semana ha dejado dos políticos fallecidos entre acusaciones de pasividad contra la coalición ultranacionalista del Gobierno israelí.
"Vamos a emplear un puño de hierro", ha avisado Netanyahu, "incluyendo la posibilidad de aplicar detenciones administrativas para detener estos terribles asesinatos".
La detención administrativa se aplica por norma general a palestinos sospechosos de terrorismo -- pero nunca imputados --, algunos de los cuales llevan años bajo este régimen que ahora podría ser incorporado a la iniciativa que prepara el Gobierno israelí para paliar lo que el primer ministro ha descrito como "una lacra nacional".
"Conseguimos eliminar la mayor parte del crimen organizado en el sector judío y pretendemos hacer lo mismo con el sector árabe", ha manifestado el primer ministro durante la sesión semanal del Consejo de Ministros recogida por el 'Times of Israel'.
Netanyahu también ha dado orden de impulsar la llamada "ley de inspección" que concederá a las fuerzas de seguridad competencias para incautarse de teléfonos y ordenadores en sus investigaciones sobre la violencia criminal.
El asesor legal del Gobierno, Ghali Behrav Mayara, ha confirmado las intenciones de Netanyahu avanzadas por Kan 11. A principios de la semana que viene, el ministro de Justicia del país, Yariv Levin, se reunirá con la Fiscalía del país para acelerar los trámites, por lo que podría ser aprobada por el Parlamento en sesión extraordinaria, informa el diario 'Ashaq al Awsat'.
La ola de violencia criminal ha alcanzado nuevas cotas en las últimas semanas tras el asesinato del administrador general del municipio de Tira, Abdelrramán Qashou y de Gaz Saab, candidato a la presidencia del consejo local de la localidad de Abu Snan, en Galilea, en el norte de Israel.
