MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La investigación de la oficina de los Derechos Humanos de la ONU ha afirmado que estas personas se ven sometidas a todo tipo de violaciones y abusos, entre ellos amenazas, tratos crueles y detenciones arbitrarias. Todo ello mientras trabajan para grupos dedicados al juego ilegal, al fraude con criptomonedas o a los engaños en aplicaciones de citas para obtener dinero, por ejemplo.
Las bandas se sirven de migrantes que necesitan dinero de forma desesperada y a cuyas familias no dudan en amenazar, o de personas que han perdido sus trabajos en estos últimos años como consecuencia de la pandemia de COVID-19. En algunos casos, se trata de personas con estudios, con conocimientos en lenguas extranjeras o en informática.
El Alto Comisionado de la ONU, Volker Turk, ha enfatizado en un comunicado que estas personas "son víctimas", no "criminales", y como tal ha pedido que se les considere. "Las personas coaccionadas para trabajar en estas operaciones soportan tratos inhumanos mientras se ven obligados a perpetrar los delitos", ha advertido.
La magnitud y la clandestinidad de estas redes complica elaborar una estadística clara de cuántas víctimas puede haber, pero "fuentes creíbles" consultadas por la organización hablan de al menos 120.000 en Birmania y unas 100.00 en Camboya. También se han identificado grupos en otros países como Laos, Filipinas y Tailandia.
El informe constata que, aunque algunos países de la región cuentan con políticas para combatir a estos grupos, éstas no siempre cumplen los estándares internacionales o responden al contexto y la sofisticación de los nuevos delincuentes, que se mueven principalmente en un entorno 'on line'.
"Todos los países afectados necesitan voluntad política para reforzar los Derechos Humanos y mejorar la gobernanza y el Estado de Derecho", ha subrayado Turk, que ha llamado a trabajar para "romper el ciclo de impunidad" y "garantizar protección y justicia a las personas que sufren abusos tan horribles".
