MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
El ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, así como los ex consejeros Raül Romeva y Dolors Bassa, han recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC) la revisión que hizo el Tribunal Supremo (TS) de sus condenas por el 1-O, con la que les mantuvo las penas de inhabilitación, a pesar de la reforma que derogó la sedición y modificó la malversación.
Así lo ha anunciado ERC en un comunicado donde explica que Junqueras, Romeva y Bassa insisten a la corte de garantías en que "no se les ha aplicado la ley vigente".
Los líderes independentistas han dado este paso después de que el Supremo rechazara los incidentes de nulidad que presentaron contra dicha revisión y para "agotar la vía interna antes (de acudir) al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)".
Además, piden que se suspenda la ejecución de la pena de inhabilitación "a fin de evitar un daño irreparable a los derechos civiles y políticos implicados" tanto de los recurrentes como de las personas que a través de ellos ejercen su derecho de participación política, según el recurso de amparo de Junqueras, al que ha tenido acceso Europa Press.
En este sentido, subraya que "Junqueras ha pasado ya cerca de 6 años sin poder ejercer de forma efectiva ningún cargo público ni representativo", alegando que "la demora en la resolución de la presente demanda abundaría aún más en la lesión de los derechos fundamentales alegados".
Los recursos de amparo se dirigen contra la revisión que tuvo que hacer el Supremo de las condenas del 'procés' por la entrada en vigor de la reforma penal.
En el caso de Junqueras, condenado a 13 años de cárcel e inhabilitación por sedición y malversación, el Supremo cambió el delito derogado por uno de desobediencia y mantuvo la malversación en su versión agravada, por lo que dejó intacta la pena de inhabilitación, lo que supone que no podrá aspirar a ningún cargo público hasta 2031.
La Sala de lo Penal hizo la misma operación con Romeva y Bassa, que se quedaron con los 12 años de inhabilitación que recibieron en 2019, con lo que seguirán inhabilitados hasta 2030.
Cabe recordar que el alto tribunal no revisó ninguna de las penas de cárcel porque fueron indultadas en 2021 por el Gobierno de Pedro Sánchez, que solo dejó vigentes las de inhabilitación.
