Continúan los crímenes de guerra en Etiopía, advierten expertos

GINEBRA (AP) — Expertos en derechos humanos respaldados por Naciones Unidas advirtieron que los crímenes de guerra continúan en Etiopía a pesar de un acuerdo de paz firmado hace casi un año. La violencia ha dejado al menos 10.000 personas —en su mayoría mujeres y niñas— afectadas por violaciones y diversos tipos de agresión sexual.

El informe de los expertos, publicado el lunes, se produce en el contexto de un futuro incierto para el equipo de investigadores que lo redactó: el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidirá a principios del próximo mes si extiende la misión del equipo frente a los esfuerzos del gobierno del primer ministro Abiy Ahmed para ponerle fin.

La violencia estalló en noviembre de 2020 y se centró en gran medida, aunque no exclusivamente, en la región norte de Tigray, que durante meses estuvo aislada del mundo exterior. El informe cita atrocidades cometidas por todos los bandos de la guerra, incluidos asesinatos en masa, violaciones, hambruna y destrucción de escuelas e instalaciones médicas.

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Mohamed Chande Othman, presidente de la comisión internacional de expertos en derechos humanos en Etiopía, subrayó que la situación sigue siendo “extremadamente grave” a pesar del acuerdo de paz firmado en noviembre.

“Si bien la firma del acuerdo puede haber silenciado en gran medida las armas, no ha resuelto el conflicto en el norte del país, en particular en Tigray, ni ha logrado una paz integral”, afirmó.

“Los enfrentamientos violentos alcanzan ahora una escala casi nacional, con informes alarmantes de violaciones contra civiles en la región de Amhara y atrocidades en curso en Tigray”, añadió Othman.

El informe revela que tropas de la vecina Eritrea y miembros de la milicia Amhara de Etiopía continúan cometiendo graves violaciones en Tigray, incluida la “violación sistemática y agresión sexual contra mujeres y niñas”.


La comisionada Radhika Coomaraswamy dijo que la presencia de tropas eritreas en Etiopía demostraba no sólo “una política arraigada de impunidad, sino también el continuo apoyo y tolerancia de tales violaciones por parte del gobierno federal”.

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