MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía de Delitos Administrativos afirma que varios magistrados del órgano electoral cometieron presuntamente al menos tres delitos de fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad por la adquisición del programa Transmisión de Resultados Preliminares (TREP).
El Ministerio Público argumenta que la compra del programa se realizó por un valor de 148 millones de quetzales (17,9 millones de euros) pese a que había otra oferta menor "que hubiera permitido ahorrar 34 millones" (4,1 millones de euros). "Al aprobar y suscribir el contrato dio como resultado una afectación millonaria de los recursos del pueblo", ha destacado en un comunicado.
En este sentido, ha pedido la retirada de la inmunidad, ya que "es únicamente a través de la investigación objetiva e imparcial que se puede establecer si existe la comisión de hechos delictivos y lograr la averiguación de la verdad".
Esto se produce después de que el Ministerio Público pidiera retirar la inmunidad de tres magistrados por su decisión avalar la inscripción del político Manuel Baldizón --condenado por lavado de dinero en Estados Unidos--, quien finalmente quedó fuera de la contienda electoral.
En concreto, pidió la retirada de la inmunidad de la presidenta del TSE, Irma Palencia; el juez Mynor Custodio Franco; y el magistrado suplente Álvaro Ricardo Cordón. Con la decisión de este miércoles, la Fiscalía ha añadido a los citados, así como a los magistrados Blanca Odilia Alfaro, Gabriel Vladimir Aguilera, Ranulfo Rafael Rojas y los suplentes Marco Antonio Cornejo y Marlon Josué Barahona.
Las tensiones entre la Fiscalía y el TSE se retrotraen a cuando el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el cuestionado Rafael Curruchiche, trató de cancelar la personalidad jurídica de Movimiento Semilla, ganador en las últimas elecciones de la mano de Bernardo Arévalo, por supuestas anomalías en su inscripción, una petición avalada por el juez séptimo penal, Fredy Orellana.
Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad revocó el fallo y señaló que el candidato de dicho partido, Bernardo Arévalo, podía competir en una segunda vuelta. Tras la victoria de Semilla, el fiscal volvió a suspender a la formación a través del encargado del Registro de Ciudadanos, que consideró que el amparo de la Corte de Constitucionalidad no tenía vigencia.
Poco después, el TSE revertió el fallo, si bien la Fiscalía continúa realizando acciones judiciales en contra del proceso electoral. Las últimas pesquisas del Ministerio Público en una sede del órgano electoral --donde realizaron registros para recabar pruebas por los supuestos delitos de Semilla-- han provocado que Arévalo haya paralizado el proceso de transición de poder en el país.
