CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Por quinto día consecutivo, indígenas, campesinos, estudiantes y trabajadores protestaron y bloquearon el viernes 58 puntos en carreteras de 19 de los 22 departamentos de Guatemala para pedir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, a quien acusan de socavar la democracia e intentar evitar que el presidente electo Bernardo Arévalo tome posesión en enero.
El gobierno pidió la mediación de la Organización de los Estados Americanos.
La madrugada del sábado, la Corte de Constitucionalidad emitió “a prevención” un amparo provisional solicitado por diez ciudadanos contra el presidente, Alejandro Giammattei, los ministros de Relaciones Exteriores y Gobernación, el Congreso de la República y Porras y sus fiscales, para que se preserve el régimen democrático, indicó el fallo.
La Corte explicó en un comunicado que emitía la resolución “para preservar el régimen democrático del Estado, especialmente la alternatividad en el ejercicio del poder, el cual debe operar en fecha prevista en la Constitución, con base en los resultados electorales (hasta hoy) validados por el Tribunal Supremo Electoral”.
Luis Almagro, secretario general de la OEA, anunció a través de su cuenta en X —anteriormente conocida como Twitter— que aceptaba la solicitud del gobierno guatemalteco para “iniciar un proceso de mediación, a través del establecimiento de mesas de diálogo”, según dice la carta que le enviaron.
Los manifestantes reclaman la presunta colusión del gobierno del presidente Alejandro Giammattei con Porras para socavar el proceso electoral en el país . En 2022 Giammattei nombró a Porras —a quien reconoce públicamente como su amiga— para un segundo periodo de gestión.
El lunes había 14 puntos bloqueados en carreteras, pero para el viernes las manifestaciones y bloqueos se cuadruplicaron después de que la Corte de Constitucionalidad decidiera el jueves respaldar la actuación judicial, al reconocer al juez penal competencia en materia electoral para suspender la personería jurídica del partido político Movimiento Semilla, al que pertenece Arévalo.
Ante la movilización masiva, los representantes indígenas solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que emita medidas cautelares a favor de quienes protestan pacíficamente frente a algunos intentos de infiltrados en las marchas, que fueron denunciados, y frente a la posibilidad de que las manifestaciones sean reprimidas por la fuerza pública, algo que el gobierno ha descartado.
Las medidas fueron solicitadas ante la amenaza de actos de violencia, amenazas contra la vida y la integridad física, y otras infracciones de derechos fundamentales en contra de las autoridades indígenas.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo en un comunicado que “la protesta es esencial para hacer valer otros derechos... Las autoridades guatemaltecas tienen la obligación de garantizar el derecho de las personas a expresar sus opiniones y evitar a toda costa cualquier acción de las fuerzas de seguridad que pudiera obstaculizarlo o poner en peligro a las personas”.
La fiscalía mantiene una arremetida contra el proceso electoral, contra Arévalo y su partido político, contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y quienes participaron en el conteo, donde más de 100.000 ciudadanos recibieron, custodiaron y contaron los votos en la primera y la segunda vuelta electoral.
Las organizaciones indígenas y campesinas han mostrado su molestia y alcance al paralizar las rutas del país.
Además de la renuncia de Porras, exigen la de los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso —quienes dirigieron la investigación contra Semilla—, así como la renuncia del juez Fredy Orellana, que ordenó allanamientos y aprehensiones por la presunta inscripción del partido político con firmas falsas.
Los fiscales aceleraron la investigación contra el movimiento político cuando el TSE anunció que Arévalo, que ha ofrecido combatir la corrupción e impunidad incluso en la fiscalía, había alcanzado el segundo lugar en la primera vuelta electoral y competiría contra la ex primera dama Sandra Torres en el balotaje por la presidencia.
Torres no ha reconocido su derrota, y el partido que impulsó su candidatura, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), denunció fraude. La fiscalía investiga el supuesto fraude y ha allanado sedes del tribunal electoral, revisando voto por voto e incautando las actas de registro de los resultados de la primera vuelta, lo que ha generado rechazo a nivel nacional e internacional.
El viernes, la UNE pidió al gobierno y al Ministerio de Gobernación despejar los bloqueos “para permitir que millones de guatemaltecos puedan circular libremente en el territorio nacional”.
En segunda vuelta, Arévalo ganó con el 60,91% de apoyo popular.
En 2022 presentó una denuncia para que la fiscalía investigara si había firmas falsas en el proceso de inscripción de Semilla. La fiscalía aceleró la investigación en julio de 2023, cuando el partido ya había completado el proceso para participar en las elecciones sin señalamientos ni inconvenientes.
Posteriormente la fiscalía se dirigió contra los magistrados electorales, solicitando que se les retire la inmunidad para ser investigados. Ante la falta de respuesta de la Corte Suprema de Justicia sobre esa petición, el Ministerio Público allanó sedes electorales.
Un grupo de abogados pidió el viernes un amparo a la Corte de Constitucionalidad, por las amenazas de una "grave crisis institucional que atraviesa el país y la amenaza de la ruptura del orden constitucional y democrático” a consecuencia de lo que consideran una persecución de la fiscalía, dijo a periodistas el abogado Edgar Ortíz.
“Ustedes están al tanto del uso abusivo de los mecanismos de investigación penal en contra del proceso electoral... Creemos que esos hechos ponen en riesgo la transición democrática, el orden constitucional", subrayó Ortíz.
