RÍO DE JANEIRO (AP) — El borrador de un reporte legislativo sobre la insurrección del 8 de enero en Brasil presentado el martes acusa al expresidente Jair Bolsonaro de ser el autor intelectual de los disturbios y recomienda se le acuse penalmente de intentar un golpe de Estado.
El informe de la senadora Eliziane Gama es producto de meses de audiencias de una comisión que investiga el alzamiento en Brasilia. Propuso cargos contra Bolsonaro, incluido el derrocamiento violento del régimen democrático, y una serie de otras acusaciones en contra de decenas de personas con base en “extensa documentación”, como estados de cuenta bancarios, registros telefónicos y mensajes.
Bolsonaro, quien perdió su intento de reelección el año pasado, ha negado toda participación en los tumultos, que tuvieron lugar después de que salió discretamente del país hacia Florida luego que se negó a asistir a la juramentación de su sucesor, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Un panel de 32 legisladores — en su mayoría aliados de Lula — tienen programado votar sobre el informe el miércoles y es muy probable que aprueben la medida, la cual serviría de recomendación a los fiscales.
El 8 de enero pasado, una semana después de la juramentación de Lula, miles de partidarios de Bolsonaro que se negaban a aceptar su derrota, tomaron por asalto las sedes del Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el palacio presidencial. Saltaron barricadas, subieron a los techos, rompieron ventanas e invadieron los edificios públicos.
En su momento, muchos expertos especularon que se trataba de un esfuerzo coordinado para derrocar a Lula y que no pudo haber ocurrido sin complicidad de elementos de las fuerzas armadas y la policía. El informe de Gama coincide con esas denuncias y va más allá al señalar a Bolsonaro como cabecilla.
“Jair Bolsonaro y todos a su alrededor estaban enterados de esto”, dijo Gama al leer su informe de 1.100 páginas en el Senado. “Comprendían la violencia y la magnitud de las manifestaciones. Frecuentaban los mismos grupos en redes sociales. Alentaban y alimentaban la rebelión y la insatisfacción. Deliberadamente echaron gasolina al fuego que ellos mismos encendieron”.
Bolsonaro había azuzado desde hace tiempo entre sus seguidores acérrimos la idea de que el sistema electrónico de votación era vulnerable al fraude, aunque nunca presentó evidencia alguna.
En una de las audiencias más seguidas de la investigación, un hacker brasileño afirmó que mientras seguía en el poder, Bolsonaro le había pedido infiltrarse en el sistema de votación electrónica nacional para exponer sus supuestas debilidades antes de las elecciones presidenciales del 30 de octubre de 2022. Bolsonaro reconoció haberse reunido con el hacker, pero niega la acusación de que le solicitó el hackeo.
Bolsonaro “no sólo instrumentalizó los organismos, instituciones y agentes públicos, sino que también explotó la vulnerabilidad y esperanza de miles de personas”, se lee en el borrador.
La comisión, que empezó a trabajar en mayo, recopiló declaraciones de 20 personas y recibió más de 900 documentos por parte de organismos de investigación, de acuerdo con el periódico O Estado de S. Paulo.
Además de Bolsonaro, la lista de acusaciones propuestas por Gama también apunta a decenas de personas. Entre ellos figura el general Braga Netto, quien fuera ministro de Defensa de Bolsonaro y luego su compañero de fórmula. También están en la lista Anderson Torres, exministro de Justicia y secretario de Seguridad Pública de Brasilia; el exministro de Seguridad Institucional, el general Augusto Heleno; y el exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Luiz Eduardo Ramos.
La policía federal investiga por separado la posible participación de Bolsonaro en la instigación de la revuelta del 8 de enero.
El incendiario conservador perdió su intento de reelección frente a Lula, su némesis político de izquierda que obtuvo el 50,9% de los votos. Fue el resultado electoral más ajustado desde el retorno de Brasil a la democracia en 1985 luego de dos décadas de régimen militar.
Desde entonces, Bolsonaro ha evitado los reflectores. Primero permaneció refugiado en la residencia presidencial y luego, en vísperas de la toma de posesión de Lula, se marchó a Orlando, Florida, y permaneció allí durante meses. Su partido había conseguido más escaños en el Congreso que ningún otro, pero su futuro líder estaba prácticamente en silencio. Y Bolsonaro no tardó en convertirse en el centro de atención de otras investigaciones.
La policía federal denunció en agosto que Bolsonaro recibió dinero en efectivo de la venta por casi 70.000 dólares de dos relojes de lujo que recibió como regalo de Arabia Saudí mientras ocupaba el cargo. Las autoridades allanaron los domicilios y oficinas de varias personas supuestamente implicadas en el caso, entre ellas un general de cuatro estrellas del ejército.
Bolsonaro ha negado haber cometido delito alguno relacionado con los regalos.
En junio también se le prohibió presentarse a las elecciones hasta 2030, después de que un panel de jueces concluyó que había abusado de su poder y arrojado dudas infundadas sobre el sistema de votación del país.
En 2021, un informe de investigación dirigido por el Senado instó a que Bolsonaro fuera acusado de crímenes contra la humanidad por la presunta negligencia en la respuesta del país al COVID-19 y por contribuir a que Brasil fuera el segundo país con mayor número de muertos a nivel mundial durante la pandemia. No se le han presentado cargos en relación a esta pesquisa.
