CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el miércoles que el Grupo México, el mayor productor de cobre del país, solicitó un diálogo con el gobierno para atender la contaminación del río Sonora que habría ocasionado hace varios años una mina, lo que llevó a las autoridades a denunciar penalmente a la empresa por incumplir los compromisos ambientales.
En su conferencia matutina el mandatario informó que el Grupo México envió esta semana una carta al gobierno para pedir la instalación de una mesa para revisar los estudios de la Secretaría de Medio Ambiente y “poder remediar esta situación grave de la contaminación del río”.
The Associated Press solicitó al Grupo México una reacción sobre el anuncio del mandatario, pero no hubo comentarios de momento.
La propuesta de diálogo se da pocos días después de que el gobierno informó que había presentado en agosto una denuncia penal contra el Grupo México por el supuesto incumplimiento de sus compromisos para remediar los daños ocasionados por el derrame de sulfato de cobre acidulado en el río Sonora ocurrido en 2014.
El Grupo México alegó que el fideicomiso que habilitó para atender el caso ya había cumplido sus objetivos y lo cerró en 2017. El gobierno sostiene que fue prematuro.
En agosto de 2014, en lo que el gobierno describió como “el desastre ambiental más grave de la historia de la minería metálica en México”, la empresa Buenavista del Cobre, de Grupo México, derramó 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado hacia un afluente del río Sonora, lo que afectó a miles de personas de ocho municipios del estado.
El derrame, que el Ejecutivo afirma que fue “una negligencia en el diseño hidrológico del sistema de presas” y no un accidente, tuvo lugar a menos de 100 kilómetros de la ciudad de Nogales y, según la Secretaría de Medio Ambiente, ha dejado hasta hoy niveles preocupantes de contaminación del aire, el agua y el suelo en 250 kilómetros cuadrados, de acuerdo con un informe gubernamental de septiembre.
El fondo de remediación de Grupo México prometió establecer 36 estaciones de tratamiento de agua pero sólo se instalaron 10 y se terminaron dos de ellas, dijo la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores. Una, en la localidad de Bacanuchi, funcionó durante dos años y otra, en San Rafael de Ures, sólo durante un mes antes de que ambas se quedaran sin financiación.
Grupo México cerró el fideicomiso y reabsorbió los fondos restantes que no se habían gastado. Desde entonces la empresa ha hecho caso omiso de las peticiones para establecer nuevos fondos.
El estudio del gobierno carece “de cualquier nexo de causalidad con el evento ocurrido en 2014”, dijo Grupo México entonces. “Omiten señalar otras fuentes de contaminación actuales como son la minería ilegal, la descarga de aguas negras sin tratar y la acumulación prolongada de residuos de abonos agrícolas e insecticidas”.
