MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
Si bien los 480 militares que forman parte del cuartel fueron retenidos hasta prestar declaración ante sus superiores, el Ejército no dio parte a la Policía Federal, que se ha arrogado la autoridad de iniciar una investigación preliminar al tratarse del robo de un bien del Estado.
No sería la primera vez que la Policía Federal investiga la conducta de la soldadesca, como muestran los ataques del 8 de enero a las instituciones. Este robo, si bien involucra a personal militar, no es un delito estrictamente militar, a lo que podría agarrarse el Ejército para llevar a cabo su propia investigación.
Son siete los militares investigados, según ha confirmado la Policía y el propio Ejército, por los delitos de hurto, malversación y extravió. A su vez, otros veinte se enfrentan a posibles faltas administrativas por negligencia en el control de estas armas, penado con inhabilitación o arresto disciplinario de hasta 30 días.
Las 21 armas fueron robadas del arsenal de guerra del Comando Militar del Sudeste, en el municipio paulista de Barueri. Sin embargo, hasta el momento han sido recuperadas 17 de ellas. Entre el armamento que fue hurtado se encuentran trece ametralladoras calibre 50, capaces de derriba aeronaves y otras ocho calibre 7,62, que pueden traspasar blindados, detalla el portal Metrópoles.
De acuerdo con la Policía Civil y el secretario de Seguridad Pública de Sao Paulo, Guilherme Derrite, iban a ser vendidas a las milicias del Primer Comando de la Capital, de Sao Paulo --considerada la organización criminal más grande de Brasil--; y al Comando Vermelho, de Río de Janeiro.
El robo habría ocurrido entre los días 5 y 8 de septiembre, pero no fue hasta la primera semana de octubre cuando el Ejército se percató de la ausencia de todo este arsenal de guerra, durante una inspección rutinaria de las instalaciones.
