QUITO (AP) — La Corte Constitucional de Ecuador abordará por primera vez un caso de eutanasia que puede abrir una vía para legalizar la muerte digna, en un país que nunca la ha regulado, a raíz de la solicitud de una mujer de 42 años que sufre una enfermedad catastrófica, degenerativa e incurable.
El caso se ventilará en una audiencia que será pública a pedido de Paola Roldán ante la Corte Constitucional en la tarde del próximo lunes 20 de noviembre, según una resolución del máximo tribunal constitucional del país el pasado 9 de noviembre publicada en su página web.
El abogado de la mujer, Farid Simon, informó el lunes a The Associated Press que la demandante tiene previsto acudir a la audiencia personalmente para hablar ante los jueces y exponer las razones por las que quiere que se dé vía legal a la eutanasia para ella y también de forma que siente precedente para casos posteriores.
Paola Roldán tiene 42 años y sufre una rara enfermedad conocida como esclerosis lateral amiotrófica, que es degenerativa y no tiene cura. Pidió a la Corte Constitucional que le permita acceder a una muerte digna el pasado 8 de agosto.
Según su abogado, esta enfermedad va a llevar a la muerte de forma inminente a Roldán pero precisó que ella “todavía puede hablar; está prácticamente paralizado todo su cuerpo, pero aún tiene cierto control sobre todos los músculos de la cara, por eso puede hablar y expresar emociones”.
Simon señaló que “esperamos que ese día Paola pueda estar en la Corte Constitucional para que los jueces escuchen de su voz lo que ella piensa y siente”. Que la Corte haya llamado en tan corto tiempo, acotó el defensor, muestra que ese organismo está actuando con sensibilidad.
Aunque no hay plazos para una sentencia, se espera que por la urgencia del caso pueda haber un pronunciamiento constitucional hasta antes de fin de año y aclaró que el fallo creará un precedente “a un conjunto de situaciones parecidas a las que se aplicaría la norma".
"Paola accionó este recurso pensando en ella y otras personas que podrían sufrir circunstancias parecidas para que puedan, si quieren, ejercer este derecho”, expresó Farid Simon.
De acuerdo con cifras del ministerio de Salud, en este país se han detectado 58 casos de enfermedades neuromotoras degenerativas e incurables, aunque no se especifica la condición de los pacientes.
Es la primera ocasión que la Corte Constitucional abordará un pedido de esa índole, que no consta ni ha constado en ninguna ley del país en toda su vida republicana.
El abogado y penalista, Ramiro Aguilar, en entrevista con AP, manifestó que lo que hay en el Código de la Salud es lo que se conoce como una eutanasia pasiva, es decir, que cuando una persona está inconsciente la familia puede tomar la decisión de desconectar de los aparatos o asistencia médica para que llegue la muerte de forma natural.
“Eso no es propiamente una eutanasia”, dijo, y aclaró que no hay regulación acerca de la muerte asistida en el país. En caso de que alguien facilite elementos o ayude a morir a un ciudadano, “se va preso por homicidio”.
Manifestó que, ante este escenario jurídico, la señora Roldán acude a la Corte Constitucional para defender su derecho a tener una buena calidad de vida y como no puede obtenerlo, exigir que autorice a los médicos “su derecho al buen morir”.
En Latinoamérica, el único país que ha despenalizado la eutanasia es Colombia, mientras que Uruguay y Chile debaten proyectos al respecto. En México está vigente el derecho al “buen morir”, que permite a los enfermos o familiares pedir que no se mantenga la vida por medios o asistencia.
