CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La renuncia del gobernador de Nuevo León para competir por la presidencia de México en 2024 mantiene en vilo a ese estado del norte del país, donde residen algunas de las principales industrias, debido a una pugna política con la oposición sobre quién debe reemplazarlo.
El gobierno local, controlado por el Movimiento Ciudadano que postula a Samuel García para la presidencia, rechazó el jueves el nombre que eligió el Congreso local, de mayoría del Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), tras una caótica sesión la noche anterior que fue irrumpida a la fuerza por manifestantes y de la que ambos sectores se culparon mutuamente.
Cuando García salió del cargo de gobernador de Nuevo León este mes sus adversarios en la provincia —el PAN y el PRI— consideraron que era un movimiento para afectar a su candidata a la presidencia, la exsenadora Xóchitl Gálvez, y que dividiría el voto de los ciudadanos críticos con el gobierno nacional de Andrés Manuel López Obrador.
Esta semana el joven dirigente anunció su retorno temporal a la gobernación para tratar de solventar la crisis política y dijo que su licencia de seis meses se iniciará en diciembre.
Además de García y Xóchitl, como candidatos opositores, el oficialismo lleva como aspirante a la presidencia mexicana a Claudia Sheinbaum, exalcaldesa de Ciudad de México.
El anuncio de Samuel García de participar en las elecciones de 2024 profundizó, de hecho, la pugna que ya mantenía desde que llegó a la gobernación en el 2021 con los partidos opositores.
En ese ambiente de fricción, García dejó como cabeza del gobierno de Nuevo León a su secretario general, Javier Navarro. Y éste dijo el jueves a la televisora local Milenio que seguirá como “encargado del despacho del gobernador” pese a que el Congreso local nombró la noche anterior como gobernador interino a otro nombre afín al PAN y PRI: el exvicefiscal Luis Enrique Orozco Suárez.
“Debe haber un respeto a la administración del estado a cargo mío”, expresó Navarro, al pedir a los congresistas opositores a García a que actúen con “madurez política”.
Sin embargo, el presidente del Congreso de Nuevo León, Mauro Guerra, se acogió a pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Electoral para defender que el reemplazo de gobernador debe ser nombrado en esa sede legislativa local.
“No se vale que quienes buscan gobernar este país lo hagan imponiendo sus ideologías… desapareciendo las voces del estado”, afirmó Guerra.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó este mes que el Congreso local debía designar al gobernador interino.
Para Guerra, que además de presidir el Congreso es dirigente del PAN, Samuel García utiliza su posición para “beneficiar una campaña política nacional”.
El ahora candidato presidencial rechazó el jueves las acusaciones de sus adversarios del PAN y del PRI y afirmó en su cuenta de la red social X, antes Twitter, que la oposición nombró “ilegalmente” a un gobernador interino y envió policías del ministerio público al Congreso local “al más puro estilo de la vieja política”.
Aludió a que "irrumpieron en el pleno del Congreso, armados, intimidando y agrediendo a los diputados”.
Por su parte, el congresista Guerra anunció que denunciarán a los manifestantes que interrumpieron a la fuerza la sesión legislativa y responsabilizó de esos actos al Movimiento Ciudadano.
La sesión se reanudó tras los incidentes y los diputados contrarios a García eligieron por 25 votos a Orozco Suárez como gobernador interino, ignorando los cuatro candidatos propuestos por el propio García, quien esta semana retornó a la gobernación que había abandonado a mediados de mes para hacer frente a la disputa legal y política que mantenía con la oposición por la designación de su sustituto.
Toda esta situación de confrontación política podrían amenazar el desarrollo de Nuevo León si, como plantea Gabriela Siller, directora de análisis económico del grupo financiero local Banco Base. "Pueden frenarse proyectos de inversión”, aseguró, y llevar a los inversionistas a detener sus proyectos hasta el 2024 a la espera de los resultados de las elecciones presidenciales.
Entre las compañías que ven interés en ese estado mexicano está Tesla que anunció este año que invertirá más de 6.000 millones de dólares para instalar una fábrica de vehículos eléctricos.
