CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo el jueves que su gobierno está en negociaciones con el Congreso para lograr que la Guardia Nacional se mantenga bajo control del Ejército, lo que dejaría sin efecto la decisión de la Suprema Corte de Justicia que ordenó que el cuerpo debía retornar a manos civiles a más tardar el primero de enero del 2024.
Sin ofrecer mayores detalles del alcance de las conversaciones, López Obrador indicó en su conferencia matutina que el Ejecutivo está discutiendo un acuerdo con el Congreso para que se “permita a la Guardia Nacional seguir operando junto con la Secretaría de la Defensa”.
Aún no está clara la vía legal que utilizaría el gobierno para no cumplir la sentencia de abril pasado de la Suprema Corte de Justicia, que estableció que la Guardia Nacional debía regresar a más tardar el primero de enero próximo al control de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, tal como se estableció en la Constitución tras la creación del cuerpo hace cuatro años.
La decisión del máximo tribunal se dio tras la invalidación de una reforma constitucional que aprobó en septiembre del 2022 la mayoría oficialista del Congreso que dejó la Guardia Nacional, integrada por más de 118.000 uniformados, en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Desde su creación en el 2019 la Guardia Nacional ha estado conformado en más de 80% por elementos del Ejército y la Marina.
López Obrador, que fue el impulsor de la reforma constitucional invalidada, admitió el jueves que el regreso de la Guardia Nacional al control de los civiles “nos va a generar muchos problemas” en las labores para hacer frente la delincuencia en México.
El mandatario ha planteado que el manejo del Ejército garantiza que la Guardia Nacional no se corrompa como asegura que ocurrió con la desaparecida policía federal.
Pese a los cuestionamientos de organizaciones internacionales y locales, el gobernante ha defendido reiteradamente que los militares continúen en labores de seguridad pública para hacer frente a las poderosas organizaciones criminales mexicanas.
Durante su sexenio, que se inició en el 2018, López Obrador ha entregado a las fuerzas armadas numerosas tareas que van desde el manejo de varios aeropuertos y aduanas, actividades de seguridad pública, reparto de vacunas, el control de una aerolínea, hasta la construcción de obras emblemáticas de su gobierno como un aeropuerto de la capital y un tren turístico en el sur del país.
Por otra parte, el gobernante informó el jueves que en dos meses presentará en el Congreso unos proyectos de reforma electoral y judicial para que los ministros de la Suprema Corte y magistrados sean electos por voto popular y no por los legisladores como se hace en la actualidad.
López Obrador propuso la iniciativa judicial luego de que el máximo tribunal invalidó las reformas energética y electoral y el traspaso de la Guardia Nacional al Ejército, lo que tensó las relaciones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.
El anuncio del mandatario se da un día después de que el senador Dante Delgado, líder del opositor Movimiento Ciudadano (MC), declaró que “está muerto el bloque de contención” que mantuvo su organización con otras fuerzas opositoras en el Congreso para detener las iniciativas legislativas de López Obrador.
La pequeña fuerza opositora rompió con los partidos tradicionales Acción Nacional y Revolucionario Institucional tras las presiones que ejercieron para que Samuel García, gobernador del estado de Nuevo León, retirara su candidatura por Movimiento Ciudadano para las elecciones presidenciales del 2024.
De lograr el partido oficialista Morena el apoyo de más de una docena de congresistas de MC, alcanzaría la mayoría calificada de votos que se requiere en el Congreso para aprobar todas las reformas constitucionales y nombramientos de ministros.
