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Niegan amparo a hermana y sobrino de García Luna involucrados en lavado de dinero y crimen organizado

Ambos están acusados de participar en el presunto desvío de más de 5 mil millones de pesos en contratos asignados por extitular de la SSP

Diana Abraján Peña, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, negó el amparo y protección de la justicia federal a Gloria García Luna y Edgar Anuar Rodríguez García, hermana y sobrino del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

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Esta negativa surge en respuesta a la vinculación a proceso dictada contra ambos en diciembre pasado por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. En su fallo, la juzgadora sostuvo que no se encontraron violaciones procesales, ni formales ni de fondo, contra los derechos fundamentales de García Luna y Rodríguez García.

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Ambos están acusados de participar en el presunto desvío de más de 5 mil millones de pesos en contratos asignados por Genaro García Luna, cuando era titular de la Secretaría de Seguridad Pública, a diversas empresas donde sus familiares actuaban como administradores. Estos contratos estaban destinados a trabajos de seguridad penitenciaria que no fueron cumplidos.

Asimismo, la jueza indicó que el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, Gregorio Salazar, cumplió con todas las formalidades esenciales del procedimiento. Asimismo, aseguró que su resolución estaba “debidamente fundada y motivada, pues se expresó con precisión los preceptos legales aplicables al caso”.

Abraján Peña afirmó que, según la mecánica de los hechos acreditada por la Fiscalía General de la República, Gloria García Luna y su hijo, Edgar Anuar Rodríguez García, “no actuaron bajo error de tipo o prohibición invencible, ni respondieron a algún peligro actual e inminente, tampoco realizaron el ilícito de forma involuntaria ni motivados por una necesidad actual e inminente”.

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Finalmente, en relación con la firma de diez contratos que desviaron fondos estatales, la jueza concluyó que esta acción contribuyó eficazmente en la concreción del delito de lavado de dinero y crimen organizado.

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