La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la empresa OHL-Aleatica obtuvo de forma ilegal más de ocho mil millones de pesos por la explotación de los 21 kilómetros del Viaducto Bicentenario por medio de una concesión otorgada por el gobierno del Estado de México cuando esa entidad era gobernada por Enrique Peña Nieto, ya que es una vialidad propiedad de la nación.
El permiso se otorgó en 2008 y fue “absolutamente ilegal y, por lo tanto, nula”, por lo que se cometió el delito de Explotación de un bien de la Nación, por lo que no se trata de ningún caso administrativo ni civil, pese a los actos y convenios que se han realizado para encubrir ese delito.
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Los argumentos del gobierno estatal fueron que tenían facultad para otorgar la concesión porque contaban con la autorización para dar mantenimiento al viaducto, como la tienen todos los gobiernos estatales, por lo que se podía otorgar el derecho de explotación a una empresa privada, lo cual es falso porque eso corresponde a la SICT.
Proceso contra juez
La FGR anunció que se iniciará un juicio en contra del juez Daniel Ramírez Peña, quien llevó el caso, porque aún cuando no conocía las pruebas anunció que fallaría en contra del Estado mexicano, por lo que en la audiencia se impugnó su actuación por incurrir en una causa de impedimento para seguir conociendo del asunto.
“La Fiscalía General de la República iniciará de inmediato todos los recursos legales a que tiene derecho, frente a este nuevo atropello a la justicia y a la defensa de los bienes de la Nación”.
Para que se pueda otorgar una concesión federal se necesita lo siguiente, pero que no ocurrió con OHL:
- Se otorgarán mediante concurso público emitido por la autoridad competente federal (SICT)
- Será sobre un objeto que pueda ser materia del mismo (vía general de comunicaciones federal)
- Cumplir con la finalidad del interés público regulado por las normas en que se concreta
- La SICT emitirá un fallo fundado y motivado
- Se señalará el plazo de la concesión.
