Decenas de personas se congregaron frente a los tribunales del Poder Judicial de la Federación en la avenida de los Insurgentes, en la Ciudad de México, para protestar por lo que consideraron una serie de violaciones a los derechos humanos en el proceso de extradición de Ramiro Pérez Moreno. Este último se encuentra recluido desde 2015, acusado de delitos contra la salud.
La esposa de Pérez Moreno, Laura Jazmín Maldonado Romero, acusó a diversas autoridades judiciales, incluyendo al juez federal Gerardo Genaro Alarcón López, de actuar de forma ilegal en el proceso de extradición.
Maldonado Romero denunció una presunta complicidad con la Fiscalía General de la (FGR) para manipular el proceso, alegando que se ha prohibido a su esposo el derecho de presentar y obtener pruebas de manera adecuada, lo que considera una violación a los derechos humanos.
Extradiciones responden a intereses extranjeros
La denunciante argumenta que la extradición apresurada busca favorecer intereses extranjeros, específicamente del gobierno estadounidense, y critica la aplicación de esta ley que, según ella, no protege los derechos humanos de los involucrados. Además, destacó que su esposo ya fue absuelto en México por los mismos cargos por los que ahora enfrenta la extradición, lo que pone en cuestionamiento la validez y justicia del proceso.
En ese sentido, hizo un llamado a todas las autoridades mexicanas, incluidos el presidente Andrés Manuel López Obrador, senadores y diputados, para que respeten el estado de derecho y los derechos humanos de su esposo.
El gobierno federal que encabeza el presidente López Obrador ha cuestionado en diversas ocasiones la intervención de la DEA en México y las presiones que ejerce sobre determinados casos a fin de que se concedan las extradiciones que solicitan.
