Nadie debe dudar que la consulta de revocación de mandato que se llevará a cabo el próximo 10 de abril será un éxito. Por primera vez la ciudadanía ejercerá un nuevo derecho que quedó plasmado en la Constitución como parte de la profunda transformación que estamos realizando y que ensancha nuestra vida democrática al permitir evaluar el trabajo que realizan sus gobiernos a la mitad de la administración.
En ese sentido, las autoridades electorales tienen la obligación de cumplir a cabalidad su responsabilidad legal y de contribuir a que las y los ciudadanos mexicanos podamos ejercer de manera libre e informada ese derecho. Para ello, es necesario que las instituciones estén a la altura para organizar correctamente y realicen la consulta conforme al mandato constitucional, de las leyes electorales y, en particular, la de revocación de mandato.
El éxito de la consulta depende, por supuesto, de que los preparativos sean los adecuados para informar y alentar a la ciudadanía a participar, así como para que el día de la jornada sea posible acudir de manera sencilla y sin contratiempos a las urnas.
El 10 de abril debe ser un día cívico que abra una marque un nuevo momento de nuestra historia, ya que por primera vez un mandatario mexicano se someterá al escrutinio público para preguntar a la ciudadanía si desea que se le revoque el mandato o quiere que el Presidente de la República continúe en el cargo.
Así como en el Congreso establecimos ese derecho porque sabemos de la madurez de la sociedad, debemos tener confianza en que el segundo domingo de abril de 2022 lo recordaremos con enorme orgullo y ante el cual las autoridades responsables de la organización de la consulta deben demostrar su capacidad, imparcialidad, objetividad y compromiso con la democracia.
