Hace décadas que no se veía en México tal desdén por la legalidad y la verdad. Las opiniones variarán entre simpatizantes y no simpatizantes de la cuarta transformación, así como la historia varía según la percepción de quienes la escriben, pero los números no.
Los números no mienten, los datos duros arrojan alarmas tan estridentes que, aunque no le guste a ya sabemos quién, resuenan hasta en el Parlamento Europeo. Las y los activistas y periodistas, personas valientes y apasionadas por defender nuestros derechos fundamentales y por inquirir más allá de los hechos, están siendo brutalmente asesinadas. Y pareciera que el Gobierno no sólo es insensible ante ello, sino que le conviene que sean menos las voces que visibilicen lo que acontece.
Los datos que arrojó la organización Article 19 en su reciente estudio Negación: informe anual 2021 sobre libertad de expresión e información en México, son escalofriantes. Desde que comenzó este sexenio, 33 periodistas han sido asesinados, mientras que, en el discurso público, sobre todo el de las conferencias matutinas, por lo menos en 71 ocasiones, no sólo se denosta a la prensa, sino que se exhiben datos e información sobre activistas y periodistas, poniendo en riesgo sus vidas y las de sus familias.
Además de ser un caldo de cultivo para la violencia, se transgrede la máxima del artículo 134 constitucional, pues no se está utilizando el espacio público con carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social.
Asimismo, el precitado estudio refirió que desde que comenzó esta administración, suman ya 1,945 ataques contra la prensa, y que el Estado mexicano estuvo involucrado en dos de cada cinco agresiones, mientras que los temas más vinculados a la violencia contra periodistas fueron la corrupción y la política con 285 agresiones.
En comparación con el sexenio anterior, se registró en el mismo periodo 15 asesinatos contra periodistas en posible vínculo con su labor y 1053 ataques, lo que equivale casi un 85% más de ataques contra la prensa. Esto pone de manifiesto una mayor necesidad entre los grupos de poder de silenciar lo que no les conviene. Pone de manifiesto el falso discurso de que el México de hoy no es como el de antes gracias a su mesías redentor.
No sólo estamos en el país más peligroso para las y los periodistas fuera de zonas de guerra, desde diciembre de 2018 al menos 68 activistas de derechos humanos han sido asesinados, y según el Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, 2021, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 ocurrieron, al menos, 138 eventos de agresión en contra de personas defensoras de los derechos humanos ambientales, de las cuales, 25 fueron asesinadas.
Y lo anterior refuerza también el hecho de que los grupos que esta pseudo transformación pretende defender es mera demagogia: 46% de las precitadas agresiones contra defensores de los derechos humanos ambientales pertenecían a comunidades indígenas. Para muestra un botón: en semanas pasadas asesinaron en Tijuana, Baja California a la abogada y activista Patricia Susana Rivera Reyes, férrea defensora de derechos de las comunidades indígenas… y nadie dice nada.
El Gobierno y las instituciones autónomas que en teoría defienden los derechos humanos, no sólo se hacen de la vista gorda, sino que continúan con distractores mediáticos.
Son múltiples las voces que denuncian el hedor polarizador que se vocifera desde Palacio Nacional, cuyo principal inquilino minimiza que el lado sensato y humano de la historia ya lo está señalando como uno de los principales artífices de esta violencia sin precedentes.
Su sexenio acabará, pero el periodismo y la búsqueda de la verdad permanecerá gracias a todas y todos aquellos activistas y periodistas que contrarios a la manipulación y la mentira, sí arriesgan su vida por una pasión genuina: la de la justicia, la de hacer de este país un mejor lugar para vivir.
