De acuerdo con medios de comunicación nacionales e internacionales, primero: en el mes de julio pasado, el ex primer ministro Shinzo Abe de Japón, recibió varios disparos de arma de fuego, mientras ofrecía un discurso durante un mitin en la ciudad de Nara, perdiendo la vida como resultado de ello.
Segundo: la semana pasada una persona armada intentó disparar a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en los alrededores de su domicilio en Buenos Aires, resultando sin ninguna herida (afortunadamente ambos agresores fueron detenidos y sometidos a las investigaciones correspondientes).
Al respecto, el presidente de nuestro país, se pronunció en el sentido de que un hecho como el que ocurrió en contra de la vicepresidenta argentina, no tiene justificación, y diversos mandatarios en el mundo también condenaron enérgicamente dichos hechos.
Debo decir que, derivado de lo anterior, surgen varias preguntas en ambos casos: ¿cómo es posible que los agresores hayan podido acercarse tanto a sus víctimas? y ¿por qué los operativos de seguridad de los dos líderes no pudieron prevenir los ataques?, sin duda, la violencia en cualquiera de sus manifestaciones es reprobable.
Atentar contra la vida de una persona, sea o no funcionario público, es un acto de barbarie en sociedades avanzadas y democráticas, de ahí que es preferible que se tenga mayor y más eficiente y eficaz seguridad de los líderes mundiales en los mítines que pronuncien en lugares públicos.
Pero mi consideración va más allá, la seguridad pública es un derecho que tenemos todas las personas y, sin duda, estos atentados implican, que las autoridades correspondientes tienen mucho que hacer y trabajar para brindar seguridad plena en la integridad física y en la vida de todas las y los ciudadanos de cualquier país.
