Existe una exigencia social para que se esclarezcan los datos que han dejado al descubierto las filtraciones como, Guacamaya Leaks y Pandora Papers, por eso, propuse una comisión especial para dar seguimiento al #SedenaGate. Ante estos hechos, que han marcado nuestra vida política como país, el Senado debe conocer, investigar y fijar una posición clara.
Ha quedado claro que el gobierno de la 4T espía a sus opositores, a quienes piensan distinto y a quienes considera sus enemigos. Mujeres feministas, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y hasta defensores de derechos humanos han sido el blanco perfecto para atacarlos.
También se ha dado a conocer que los elementos de las fuerzas armadas son utilizados para beneficio de la familia del Presidente López Obrador. Pasaron de ser soldados mexicanos a acompañantes y cuidadores de la familia presidencial.
Han tenido que ir al Reino Unido, Francia, Italia, Austria, Alemania, Polonia y Japón. Incluso los militares han acompañado a la familia presidencial a visitar la “Casa gris”, producto de la corrupción.
Igualmente, por estas filtraciones se sabe que, las fuerzas armadas instruyeron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que determinara la conclusión de una queja interpuesta por las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Proteger la información de las instituciones y dependencias bajo una ley de ciberseguridad, requiere de puntos concretos en los que se deberá escuchar a expertos en ciberseguridad y usuarios de tecnologías a fin de que se lleve a cabo un fortalecimiento de la seguridad, pero también en materia de transparencia. Se debe privilegiar en todo momento, el ejercicio de la libertad de expresión.
Ninguna ley, por sí sola, podrá prevenir los ataques cibernéticos, sobre todo, si no va acompañada del presupuesto suficiente para que la Administración Pública pueda protegerse.
