El plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, es un asunto que ha dañado al Poder Judicial, al gobierno federal, al Congreso mexicanos, pero sobre todo, a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Nuestra máxima casa de estudios ha sido, durante toda su historia, un referente de legalidad y ética, por ello es preciso que realice una investigación seria e imparcial y sancione, conforme a derecho, este robo intelectual.
Ha pasado un mes desde que el periodista Guillermo Sheridan hizo público el plagio de la tesis de la ministra Esquivel Mossa, por lo que confío en que, a pesar del tiempo que se han tardado, la UNAM va a terminar tomando la decisión correcta. Sin duda, se ha dado un primer paso con el despido de la asesora de tesis, falta que el proceso de anulación del título y cédula profesional de la ministra tenga una definición clara.
Como lo ha dicho el rector Graue, la resolución de la UNAM está sujeta a interpretación, por lo que, haciendo un análisis legal es muy claro: la Universidad está obligada a aplicar su Estatuto General y su guía sobre Plagio y Ética y enviar ante el Tribunal Universitario el caso para que se investigue y se sancione. Hoy más que nunca, la UNAM está obligada, con altura de miras, a hacer valer su autonomía y sancionar este plagio.
En México, hay antecedentes claros de que el robo intelectual es sancionable. Basta recordar que en 2006, la Secretaría de la Función Pública retiró un premio; en el 2013, la propia UNAM despidió a un catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras; en el 2015, el Sistema Nacional de Investigadores le retiró apoyos y estímulos a un investigador; y en el mismo año, el Conacyt anuló el registro de un investigador de más de 20 años de carrera.
La reputación de la máxima casa de estudios está en juego y en lugar de que la ministra Esquivel le garantice su honorabilidad, se rehúsa a renunciar a un cargo para el que no está legitimada. Es prioritario que la Universidad Nacional resuelva, a la brevedad, sobre este asunto.
