El pasado 12 de mayo, el Gobierno de Estados Unidos levantó la medida sanitaria conocida como Título 42, implementada desde 2020 por el entonces presidente Donald Trump y mediante la cual —se afirmó— buscaba contener la pandemia. Asimismo, se impidió la entrada de personas migrantes que pudieran representar un riesgo potencial para la salud, pero también les fue negada la posibilidad de solicitar asilo.
Desde entonces, el Título 42 se aplicó de manera continua, fue objeto de alegatos en los tribunales estadounidenses y reportó cerca de 2.8 millones de expulsiones en su frontera sur. Además, en su momento y por razones humanitarias, el Gobierno mexicano aceptó la devolución, desde Estados Unidos, de migrantes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba.
En la víspera del levantamiento de esta medida sanitaria, la administración del presidente Joe Biden anunció una serie de estrategias adicionales para robustecer la aplicación del Título 8, y procesar y contener el posible aumento de cruces irregulares en la frontera con México.
A diferencia del Título 42, que expulsaba a las personas migrantes irregulares de territorio estadounidense, el Título 8 las deporta, les impone una carga penal con un antecedente de orden criminal sin que puedan ingresar a Estados Unidos durante cinco años por ninguna vía, o les aplica un proceso de expulsión acelerada.
Aunado al Título 8, con las nuevas medidas migratorias, como el uso de la aplicación CBP One; la creación en Colombia y Guatemala de Centros Regionales de Procesamiento para ingresar a Estados Unidos; aceptar mensualmente hasta 30,000 personas procedentes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití, y ampliar procesos de visado a migrantes de El Salvador, Honduras, Guatemala y Colombia, el Gobierno estadounidense espera habilitar caminos de tránsito seguros, ordenados y regulares, con miras hacia una nueva realidad migratoria.
Sin embargo, no hay que perder de vista que estas nuevas políticas no garantizan una resolución afirmativa ni definitiva de estancia en los Estados Unidos —ya que sólo permite a las personas migrantes residir y trabajar por dos años en el país—, y tampoco asegura un descenso permanente del flujo migratorio desde el sur latinoamericano.
Respecto a este último punto, no olvidemos que las ciudades fronterizas en Estados Unidos y en México continúan haciendo frente al reto de atender el flujo migrante, que al menos del lado de nuestro territorio no se ha desahogado y cada vez hay menos capacidad de atención a personas en tránsito, expulsadas o deportadas.
De igual forma, algunas de las políticas anunciadas han sido calificadas por especialistas como discriminatorias, y en los tribunales estadounidenses se prevén alegatos interpuestos tanto por la sociedad civil como por Gobiernos estatales.
Lo cierto es que el fenómeno migratorio necesita de acciones y estrategias coordinadas y corresponsables; a nivel global, se requiere ampliar las vías legales para una migración segura y ordenada, e implementar políticas propositivas en los países de origen, tránsito y destino migratorio, pero pareciera que aumentan otro tipo de medidas, de tipo penal, contra personas inmigrantes o que apoyaron a quienes ingresaron a Estados Unidos en forma irregular, como las instrumentadas por los gobernadores de Florida o Texas.
Es momento de cerrar filas, generar condiciones de fortaleza y no escatimar esfuerzo alguno para robustecer la relación bilateral y afianzar la cooperación. Es tiempo de velar, por encima de todo, por los derechos humanos de las personas en situación de movilidad y apostar por mejorar la seguridad, economía y gobernanza en la región.
