Comienzo por decir que, en diciembre de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció la prohibición del maíz transgénico y del glifosato (pesticida) a partir de 2024, lo cual, se oficializó el 13 de febrero, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se establecen diversas acciones en materia de glifosato y maíz genéticamente modificado; la razón: por ser considerado como potencialmente cancerígeno.
Se dio a conocer en diversos medios de comunicación, que este tema preocupó a muchos agricultores de maíz estadounidenses, ya que nuestro país es su segundo destino de exportación y, dado que la prohibición detendría el flujo de maíz amarillo (alimentación animal) y blanco (consumo humano) transgénico norteamericano a México.
En el Senado de la República, se han llevado a cabo diversos exhortos a distintas autoridades, particularmente, a la Secretaría de Agricultura, mayormente de la oposición, con la finalidad de evitar que la prohibición del maíz amarillo transgénico, para consumo humano, provoque desajustes en el mercado y aumentos en el precio de la tortilla, en perjuicio de las familias mexicanas.
Lo importante, así lo considero, es que se han llevado a cabo los estudios científicos por personal especializado, que presentará México durante las consultas formales promovidas por Estados Unidos y Canadá sobre las restricciones a las importaciones agrícolas genéticamente modificadas, para demostrar que los productos transgénicos son dañinos a la salud humana.
Este tema, merece toda la seriedad, para evitar repercusiones respecto a la seguridad alimentaria y la productividad agrícola en México y, lo más importante, se debe seguir trabajando desde distintos ámbitos, sobre las estrategias para fortalecer los programas y apoyos al sector agrícola, para incrementar la producción de maíces nativos de México para abastecer adecuadamente al sector de la masa y la tortilla.
