Implementar exámenes de aptitud y psicométricos a custodios para determinar si son aptos para ser contratados en centros penitenciarios de Puebla, es una de las propuestas de la diputada panista Aurora Sierra Rodríguez a fin de combatir la corrupción en las cárceles.
La propuesta contempla que la contratación del personal de seguridad en la cárcel, para cualquier puesto, sea con base en los resultados de un examen de conocimientos de su área profesional y la normativa penal y penitenciaria, mismos que tendrán como mínimo aprobatorio el 90% de aciertos.
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También la legisladora local consideró importante aplicar un examen psicométrico, además de ser entrevistados por personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para comprobar su experiencia laboral.
Directores deberán tener licenciatura y 10 años experiencia
Para ocupar la titularidad de un centro penitenciario, los postulantes deberán ser egresados de alguna licenciatura en Psicología, Derecho, Criminología o Sociología; tener 10 o más años de experiencia en el área; no estar inhabilitados por violaciones a derechos humanos, ni tampoco tener recomendaciones por parte del organismo local.
Finalmente, para comprobar que los aspirantes no padecen de algún problema de salud mental que le impida un buen rendimiento, se propone que un psicólogo evalúe su salud mental, de lo contrario, no podrían ocupar el cargo.
La iniciativa presentada ante el Congreso de Puebla busca reformar el artículo 44 de la Ley de Ejecución de Medidas Cautelares y Sanciones Penales del estado; y la fracción XII del artículo 17 de la Ley de Seguridad Pública local.
Sierra Rodríguez argumentó que en Puebla, hasta el 70% de la población recluida en algún centro penitenciario ha sufrido algún acto de violencia psicológica realizada o permitida por la policía o autoridades, esto de acuerdo con informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizados en 2021.
Agregó que la entidad es el tercer lugar nacional con más presos víctimas de corrupción pues un 43.5% de la población ha presenciado o ha pasado por algún caso; mientras que, hasta un 51.5% dijo haber sido víctima de algún delito.
