La corrupción deportiva sería castigada con dos a seis años de cárcel, y con una multa de hasta 452 mil 560 pesos, es la propuesta de los legisladores de Morena en la Cámara de Diputados, quienes buscan reformar la Ley para sancionar las conductas que amañan los resultados de un encuentro deportivo.
La propuesta adiciona un artículo 154 Bis a la Ley General de Cultura Física y Deporte, por lo que estípula que comenten “corrupción deportiva”, todo aquel que acepta, recibe, solicita u ofrece cualquier beneficio personal o económico con la finalidad de manipular, alterar, influir, dar ventaja a una competición de deporte profesional.
“Las penas se duplicarán para las personas que tengan cargos de dirección, administración, empleo o de colaboración de alguna institución deportiva pública privada, que prometa, ofrezca u otorgue a algún deportista profesional, integrante de cuerpo técnico, arbitro, juez, cualquier beneficio personal y económico a cambio de obtener alguna ventaja en el resultado de un encuentro o competición”, se lee en la iniciativa.
¿Por qué se debe castigar?
Para el morenista Daniel Andrade Zurutuza, es necesario castigar la “corrupción deportiva” ya que el deporte es afectado por estas prácticas, cuando se vuelve negocio patrimonial oneroso, haciéndose un gran atractivo para quienes desean llevar a cabo actividades de fraude o actos de corrupción.
“El deporte y su práctica tiene un papel importante en el desarrollo de las personas y sociedades. México en los últimos años ha logrado posicionarse como un país privilegiado en esta práctica y la industria ha tenido un crecimiento año tras año”, expresó el legislador.
Asimismo, el diputado Zurutuza indicó que la consolidación del deporte como industria es muy completa, ya que no solo integra equinos, sino empresas de servicios y canales de distribución de contenido, patrocinios, manejo de deportistas, derechos de transmisión, mercadotecnia, fabricación y comercialización de ropa deportiva.
En tanto, la iniciativa, enviada a la Comisión de Deporte, señala que en México no hay legislación que sancione penalmente conductas que conlleven la intención de arreglar o amañar el resultado de pruebas, encuentros, torneos o competencias en el deporte profesional.
