Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga ya son rastreados en más 190 países, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuviera la denominada Ficha Roja.
La conductora y Álvarez Puga son acusados de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita por casi 3 mil millones de pesos y defraudación fiscal, relacionados con contratos otorgados por el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).
Inés Gómez Mont se dice inocente
A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, Gómez Mont dijo que fue informada de la solicitud de órdenes de arresto contra ella y su esposo por asuntos fiscales con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), a pesar de que ellos ya habían concluido acuerdos con ambas instituciones.
“Cómo lo anticipé en un comunicado anterior, he sido informada que autoridades están solicitando más órdenes de aprehensión en mi contra. Ahora por asuntos fiscales por los que ya tenía acuerdos conclusivos con el SAT y Prodecon. Estos abusos se suman a los reportados ayer y hoy miércoles por la mañana en la prensa, que revelan la persecución de mala fe de la que mi esposo y yo somos objeto”.
De igual manera, la conductora de televisión aseguró que detrás de estas detenciones hay una mala fe”.
“Aunque tengo mucho temor de que estos abusos continúen, tengo fe en que la verdad seguirá saliendo a la luz y nuestra inocencia quedará demostrada. Lo repito y lo sostengo: soy inocente y esto es una injusticia. Me quieren callar, pero seguiré levantando la voz con todas mis fuerzas.
¿Qué es la Ficha roja?
Una vez que la Interpol recibe la solicitud para emitir la alerta, los datos que recibe por parte del país que realizó la petición se someten a un proceso de examinación, el cual se lleva a cabo por un grupo especializado.
Posteriormente tras remitir la solicitud al secretariado general de Interpol para su examinación por parte de un tribunal especializado, se emite una decisión en la cual se indican si se aprueba o se niega la solicitud.
Una vez que se autoriza la notificación roja de Interpol, se abre paso a que las autoridades correspondientes a nivel global procedan con la localización e identificación de las personas que aparecen en la alerta para su detención de manera provisional en calidad de inocentes en caso de que aún no cuenten con una sentencia.
- Primero, que el Procurador Fiscal, el señor Carlos Romero Aranda, inició un procedimiento penal en nuestra contra, aún y cuando no tenía facultades legales para hacerlo. No estaba autorizado legalmente. De ese tamaño su sed de persecución en nuestra contra.
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- Segundo, el 10 de septiembre de 2021, autoridades (desconozco cuáles) le mintieron a la prensa y al público diciendo que existía una orden de aprehensión en nuestra contra. Simplemente no había tal orden en esa fecha. Pero al parecer era más importante para esas autoridades que yo fuera juzgada y condenada en el foro de la opinión pública.
- Tercero, el Juez Zeferín Hernández, quien era consciente de la calumnia, días después se convirtió en su cómplice y emitió la pretendida orden de aprehensión. Es lamentable pues pudo habernos dado oportunidad de acudir en libertad para desmentir cualquier imputación. Esa oportunidad ya no existe: El juez ordenó encarcelarnos a una prisión de máxima seguridad.
