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Posponen vista de sentencia de la conductora que provocó la muerte del hermano de Arcángel: Este es el motivo

Reflexiones sobre el proceso legal.

(suministrada)
Justin Santos y Arcángel

En un reciente desarrollo judicial en Puerto Rico, la jueza Cruz Ayala ha tomado una decisión significativa en el caso de Mayra Nevárez Torres, acusada por la muerte de Justin Santos, hermano de Arcángel en un trágico accidente en noviembre de 2021.

Tras una reunión extensa con las partes involucradas y considerando un informe presentencia impugnado, la jueza ha decidido no ordenar el ingreso inmediato de Nevárez Torres a prisión, a pesar de la solicitud del Ministerio Público.

La Fiscalía de San Juan abogó por la reclusión inmediata de Nevárez Torres, enfatizando que la ley establece una pena fija de 15 años de prisión para casos como el presente.

‘‘Sin necesidad’’ de carcel

Sin embargo, la jueza Cruz Ayala resaltó la importancia del respeto al debido proceso y el derecho fundamental a la libertad consagrado en la Constitución de Puerto Rico.

Subrayó que no puede privar a alguien de su libertad sin estar completamente convencida de la necesidad de hacerlo, incluso si la culpabilidad es evidente.

La suspensión de la vista de sentencia y la programación de una audiencia de impugnación para el 12 de diciembre han generado diversos comentarios y reacciones.

La madre de la víctima, Carmen Santos, expresó su decepción y frustración ante la decisión de la jueza, cuestionando la influencia detrás de Nevárez Torres y su trato judicial aparentemente privilegiado.

En contraste, representantes del Ministerio Público reiteraron su postura a favor de la prisión inmediata de Nevárez Torres, subrayando el cumplimiento riguroso de la ley y la necesidad de justicia para las víctimas y sus familias.

Según muchos seguidores, el caso de Mayra plantea dilemas éticos y legales complejos en torno a la justicia, el debido proceso y los derechos fundamentales de los implicados.

La jueza Cruz Ayala ha destacado la importancia de tomar decisiones que le permitan “dormir tranquila”, considerando no solo la culpabilidad de la acusada, sino también su derecho a la rehabilitación y un proceso legal justo.

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