Con el endurecimiento de las medidas en algunas estados de la República Mexicana y la continua presencia de amenazas, el futuro del regional mexicano podría enfrentar más restricciones en los próximos años.
Después de que Estados Unidos designara a seis cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas, se ha intensificado la vigilancia sobre la propaganda que los respalda, sobre todo en la música.
El último año ha sido turbulento para el regional mexicano, con una ola de cancelaciones de conciertos, amenazas a artistas y una creciente censura a ciertos temas musicales. En un género que ha evolucionado con los corridos tumbados y una fusión de ritmos urbanos, la controversia por la supuesta apología al delito ha puesto en jaque a varios exponentes del movimiento.
Diversos artistas han visto sus conciertos cancelados debido a presuntas amenazas o decisiones gubernamentales. En Sinaloa y Chihuahua, por ejemplo, varios eventos fueron suspendidos por razones de seguridad, con advertencias directas de grupos criminales que ven en ciertos artistas una provocación o falta de respeto a su territorio. Incluso, algunos intérpretes han optado por cancelar presentaciones de manera preventiva, como Peso Pluma en Tijuana y Grupo Firme en Mazatlán, quienes recibieron amenazas explícitas.
A pesar de la creciente presión, los artistas y fanáticos del regional mexicano argumentan que la música refleja la realidad social y que la censura no es la solución.
Prohibiciones
Las cancelaciones también han sido impulsadas por autoridades locales que buscan frenar la difusión de mensajes que, según ellos, glorifican la violencia. En Sonora, Jalisco, Chihuahua, Tijuana, Veracruz, Nayarit y Guanajuato, gobiernos municipales han implementado medidas para evitar que ciertos cantantes se presenten, argumentando que su música influye negativamente en la juventud.
Polémicas
La controversia sobre las letras de los corridos tumbados y los narcocorridos tradicionales ha llevado a una censura más estricta en estaciones de radio y plataformas digitales. En algunos estados de México, se han emitido prohibiciones explícitas contra la reproducción de temas que hagan referencia a figuras del crimen organizado o a actividades ilícitas.
Uno de los casos más recientes es el veto de canciones como Soy el Diablo de Natanael Cano y AMG de Peso Pluma, que han sido retiradas de algunas emisoras debido a su contenido explícito. En Chihuahua, incluso se ha propuesto una legislación para multar a quienes promuevan estas canciones en eventos públicos.
Artistas en la mira
La controversia ha alcanzado a varios exponentes del género, quienes han sido señalados por presuntamente hacer apología del delito en sus videos, presentaciones y letras. Entre los más mencionados se encuentran:
Natanael Cano y Fuerza Regida: Criticados por mostrar armas, lujos desmedidos y referencias directas a figuras del narcotráfico en sus videoclips.
Los Dos Carnales: Cuestionados por incluir en sus letras relatos detallados sobre actividades ilegales.
Gerardo Ortiz: Ha enfrentado múltiples sanciones y cancelaciones. En octubre de 2023, fue multado tras su presentación en la Expogan 2023 por interpretar canciones consideradas apología del delito. También ha tenido presentaciones canceladas en Guadalajara (noviembre 2019) y Puebla (marzo 2025), esta última después de declararse culpable de vínculos con el narcotráfico en Estados Unidos.
El Komander (Alfredo Ríos): Enfrentó cancelaciones de conciertos por razones de seguridad, como ocurrió en Cancún en octubre de 2023.
Peso Pluma: En el festival 8 Music Fest de Culiacán en 2022, interpretó canciones con referencias al narco y proyectó imágenes de Joaquín “Chapo” Guzmán.
Los Tucanes de Tijuana: Multados en Chihuahua en 2023 por interpretar narcocorridos y promover la narcocultura en sus presentaciones.
Los Alegres del Barranco: Investigados por la Fiscalía de Jalisco tras proyectar imágenes de un líder criminal en un concierto en el Auditorio Telmex en Zapopan. El Código Penal de Jalisco contempla una pena de uno a seis meses de prisión por apología del delito. Estados Unidos ya les retiró la visa.
“Quien le cante a la violencia no pida morir a besos”: opinión de Luis Carlos Sainz
Las autoridades finalmente parecen estar prestando atención. Después de que Estados Unidos designara a seis cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas, se ha intensificado la vigilancia sobre la propaganda que los respalda. Desde hace meses, se ha advertido a los grupos musicales que cantan sobre el narcotráfico y glorifican personajes del crimen organizado: en Estados Unidos, esto podría considerarse terrorismo. Gerardo Ortiz, por ejemplo, se declaró culpable en un intento por reducir su condena, lo que evidencia la gravedad del tema.
El financiamiento también es un punto clave. La industria del narcocorrido genera enormes ganancias en Estados Unidos, especialmente en plataformas digitales, lo que podría llevar a una mayor regulación. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum declaró hace unos meses que no se trata de prohibir, sino de fomentar letras más positivas, la censura sigue siendo un tema delicado. La Fiscalía de Jalisco ya investiga si ciertos artistas incurren en apología del delito, lo que podría traer consecuencias legales.
Sin embargo, la censura total no es la solución. Si se prohibieran estas canciones, podrían surgir conciertos clandestinos y aumentar el valor de las canciones en plataformas digitales, como ya ha ocurrido en Baja California, donde las multas para bares que reproducen narcocorridos alcanzan cifras millonarias.
El futuro del regional mexicano está en una encrucijada. La música es arte en todas sus expresiones, pero las letras pueden ser interpretadas como una glorificación de la violencia. Más allá de las prohibiciones, la clave está en la educación y en la conciencia de los propios artistas. Algunos lo hacen por gusto, otros por negocio, pero quienes cantan sobre la violencia deben estar conscientes de los riesgos que esto implica: “quien le cante a la violencia no pida morir a besos”.
Luis Carlos Sainz Martínez
Analista en temas de seguridad y justicia.
