En Guanajuato legalmente comenzaron a tener vigencia las reformas a la Ley de Movilidad del Estado y con ellas se abre el mercado al transporte privado de plataforma sin necesidad de que cuenten con un permiso. Algunas plataformas que operan en el estado, como Uber, reportan hasta 770 mil usuarios y 11 mil conductores.
Las reformas consideran algunas obligaciones para los conductores de las unidades registradas en las plataformas. El principal cambio es el registro ante la Dirección General de Transporte del Estado. El conductor deberá deberá presentar una solicitud elaborada por el propietario del vehículo, sea o no el conductor que le dará uso a través del servicio en plataformas tecnológicas.
Acreditar que están adheridos a una plataforma de transporte como Uber, Didi o alguna otra. Contar con licencia A o B vigente y constancia de conducción segura que deberá ser emitida por la unidad administrativa y tarjeta de circulación; así como revisión físico mecánica aprobada.
También se solicitará una póliza de seguro y los registros ante las autoridad recaudadora federal y estatal. Comprobante de pago anual de emisión de código de respuesta rápida y en su caso, convenio entre conductor y propietario del auto.
“Es un sistema que permite almacenar información de una matriz de puntos, para verificar si el vehículo se encuentra registrado, así como la plataforma en la cual presta el servicio”, es la definición del código de respuesta rápida en la Ley de Movilidad del Estado.
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Dicho código permitirá tener un control del registro de las unidades que prestan el servicio privado de transporte y en caso de una revisión por personal de la Dirección General de Transporte del Estado, el conductor deberá compartir ese código.
“Para el control del servicio de transporte privado, la unidad administrativa de transporte expedirá un código de respuesta rápida, que permitirá verificar si el vehículo se encuentra registrado, así como la plataforma a través de la cual presta el servicio”, señala la ley.
El registro se cancelará si acumula tres infracciones en la prestación del servicio en un año en diversas plataformas o que el conductor utilice el auto para cometer algún delito.
La iniciativa de reforma plantea que además del registro de los conductores de apps de transporte ejecutivo, solo operen vehículos con no más de 10 años de antigüedad, prohibir la renta de vehículo para un operador, entre otras regularizaciones.
Las multas a quienes incumplan la ley, en caso de aprobarse, van desde los 8 mil hasta los 44 mil pesos.
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