El alcalde de Villagrán, Juan Lara Mendoza, dijo que su gobierno sí analizará ceder la seguridad municipal a las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado a través del Mando Único.
En entrevista con este medio, sostuvo que la decisión de que las FSPE se encarguen de la seguridad debe ser bajo acuerdo del Ayuntamiento.
“Ahorita todavía no es momento, estamos ahora que nos toque sesionar tomará una decisión el Ayuntamiento (…) ni la encarto ni la descarto, porque es cuestión de análisis”, declaró Juan Lara Mendoza.
El lunes 6 de junio, en un ataque armado fue asesinado su hijo Florencio Lara junto a su esposa. Luego del hecho, el gobernador de Guanajuato hizo público un posicionamiento para que el Ayuntamiento de Villagrán solicite el apoyo a través del Mando Único.
“Esto abre el tema de la pertinencia y hago un llamado al Ayuntamiento de Villagrán para que valoren la toma de las Fuerzas del Estado de la Policía Municipal”, declaro el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, luego del homicidio.
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De solicitar la entrada del Mando Único a Villagrán, este municipio se convertiría en el tercero en el que el Estado toma la seguridad por irregularidades o deficiencias en las corporaciones municipales.
Juan Lara Mendoza dijo que hay coordinación en su municipio con los dos niveles de gobierno y sobre la operatividad de su policía, declaró que no pueden incrementar su plantilla por el presupuesto limitado, pero aseguró, se cumple con la norma de número de policías.
“Siempre ha habido apoyo federal, por ahí anda la Guardia, el Ejército, la Fuerza de Seguridad Pública del Estado (…) lo que pasa es que basados en el presupuesto del municipio no podemos aumentar plantilla. No nos alcanza. El presupuesto es muy pequeño porque somos un municipio pequeño”, declaró el alcalde de Villagrán.
Según el reporte de los 45 compromisos de seguridad asumidos por los municipios, de las 102 plazas de policías en Villagrán, se tienen cubiertas 95, con lo que aún hay siete plazas sin cubrir.
Según el informe, solo hay 60 elementos municipales incluidos en la Licencia Oficial Colectiva, que permite a las corporaciones policíacas del país portar armas de fuego para el desempeño de sus funciones.
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