Por considerar que vulneran derechos y abusos, en el Congreso de Guanajuato se discute si deben ser consideradas como prácticas ilegales el coaching coercitivo y grupos piramidales; así como dar apoyo a las víctimas.
En la Comisión de Gobernación se discutió la iniciativa Ley de Asistencia a Víctimas de Coaching Coercitivo, Sectas y Líderes Grupales o Unipersonales que Ejerzan Persuasión y Abusos; así como de reforma al Código Penal.
“Las personas que participan aquí han sido víctimas de extorsión, de manipulación, intimidación y daño psicológico; problemas que para muchos son inolvidables. Se le conoce como coaching coercitivo o de grupos coercitivos y se caracterizan por ser entrenamientos, cursos, talleres vivencias con modalidad o esquema multinivel o piramidal sectarios; en los que se pide a los participantes que en todos los niveles deben seguir invitando a más personas con la finalidad de que este curso pueda cambiar su vida, mejorar sus hábitos o lograr la superación personal; obviamente a través de la compra de estos productos o talleres”, argumento Gerardo Fernández, del Partido Verde.
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La iniciativa busca reformar e incluir estas prácticas en el Código Penal Guanajuato en su Artículo 213, que actualmente señala que “a quien obtenga un provecho indebido obligando a otra persona por medio de la violencia a dar, hacer o dejar de hacer algo en su perjuicio o en el de tercero, se le aplicará de uno a diez años de prisión y de diez a cien días multa”.
“Los colectivos comparten tres lineamientos principales, primero, el participante es culpable de todo lo que le sucede, todo lo que sucede y sucederá lo largo del curso; segundo, lo que sucede en el grupo debe permanecer en el grupo y tercero, desestima la razón o la cordura para hacer los sentimientos el principal factor, que a su vez se convierte en la materia prima para manejar con absoluta libertad a los sujetos del programa”, sostuvo Gerardo Fernández.
En la mesa de trabajo, la Fiscalía, la Secretaría de Salud y la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, señalaron que estos hechos ya se castigan y actualmente existe apoyo a víctimas a través de la Ley Estatal de Víctimas.
Consideraron que la propuesta podría generar confusión, aunque reconocieron que se trata de un tema relevante que ocurre en Guanajuato.
“Podría generar una emisión de disposiciones contradictorias o generarse confusión en autoridades y víctimas, respecto a las acciones y medios para garantizar debidamente los derechos de estas últimas; asimismo la ejecución simultánea de ambos mecanismos debería de tener especial cuidado en que no se entorpezca mutuamente o qué tal duplicidad no depare algún inconveniente o perjuicio a la víctima” dijo el representante de la Coordinación General Jurídica, Carlos Manuel Torres Yáñez.
El dictamen de la iniciativa fue en sentido negativo, pero será discutida aún en una siguiente reunión de la Comisión en el Congreso de Guanajuato.
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