Guanajuato

Congreso de Guanajuato frena presencia del Ejército en tareas de seguridad pública

El bloque panista votó en contra de que la Guardia Nacional realice tareas de seguridad pública hasta 2028 y acusó que la estrategia no ha dado resultados.

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Guanajuato votó en contra de que la Guardia Nacional permanezca hasta 2028 realizando tareas de seguridad pública.

Este lunes la comisión sesionó y en ella se dio un dictamen negativo al proyecto de decreto emitido por la Cámara de Diputados. Cinco diputados y diputadas del PAN Y PRI votaron a favor del sentido negativo, mientras que la diputada de Morena y un diputado del Partido Verde votaron en contra del dictamen.

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“Se tiene el primer lugar en homicidios dolosos, en asesinato de policías, en asesinato de niños; los primeros lugares en violencia contra las mujeres, pues al parecer no se ha hecho el trabajo cómo debe de ser para el fortalecimiento, por eso necesitamos ampliar el periodo para que las fuerzas armadas sigan apoyando en labores de seguridad, mientras se termina de consolidar la Guardia Nacional y mientras los estados generan policías civiles, estatales capaces (...) Si esto no es suficiente para que se analice a profundidad este tema y para que se realice como debe de realizarse y se vean las ventajas que se puedan tener, pues entonces yo no sé qué es lo que se está esperando”, dijo la diputada de Morena, Alma Alcaraz.

La morenista también se refirió a las carencias en la Policía Estatal y corporaciones municipales, pues dijo hay un déficit de al menos dos mil elementos estatales. Además acusó que Guanajuato sigue siendo el primer lugar en asesinatos de policías desde el 2019 cuando asesinaron a 73 agentes, en 2020 se registraron 84 homicidios, en el 2021 fueron 54 y en el 2022 se han reportado 44 homicidios de elementos de seguridad.

Del bloque panista el diputado Rolando Alcantar acusó que existe un doble discurso del gobierno federal pues por una parte buscan extender la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública mientras se fortalecen policías municipales estatales; sin embargo, acusó que los recursos en 2023 para estos cuerpos de seguridad irán a la baja.


“No se ha hecho nada por parte de la federación más que debilitar con recursos a las policías municipales, debilitar con el discurso de división y señalamientos en contra de los policías municipales y las policías estatales, haciendo referencia que todos están coludidos con el crimen organizado (...) Los recursos federales hacia la Guardia Nacional aumentará del 52% al 68%, que bueno que aumentó, nada más que resulta que para el tema de todas las policías estatales y policías municipales se reduce del 39% al 31% es decir un 8%”, dijo el diputado panista.

El diputado de Morena, Ernesto Millán Soberanes, refutó los dichos del panista y dijo que la reforma no busca militarizar el país y al contrario se busca fortalecer a las instituciones municipales.

“Apenas hace unos días el propio gobernador solicitó que la Guardia Nacional se hiciera cargo de la seguridad pública en Irapuato por la convivencia de esa policía con el crimen organizado (...) Con la reforma constitucional no se militariza el país, al contrario gracias a esta reforma se consolidan medidas para fortalecer las policías civiles, mientras eso sucede, las fuerzas armadas seguirán apoyando en las labores de seguridad pública”, declaró Ernesto Millán Soberanes.

A la discusión se sumó la diputada Cristina Márquez del PAN, quién sostuvo que si se busca ampliar el período hasta el 2028 es porque la estrategia de seguridad no ha dado resultados.

“Es preocupante porque en lugar de darnos una buena noticia que se está ampliando la posibilidad del apoyo de las fuerzas armadas, nos preocupa porque quiere decir que la estrategia está fallando, ni siquiera se ha cumplido el plazo que está dentro del propio artículo que es el que se modifica”, dijo Cristina Márquez.

Finalmente y tras más de una hora de debate entre legisladores del PAN y Morena, el dictamen en sentido negativo del proyecto de decreto fue votado a favor. Aún se espera su aprobación en el Pleno del Congreso de Guanajuato.


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