En el Congreso de Guanajuato se abordaron los abusos en el cobro de las tarifas por el traslado de autos a corralones.
Gustavo Adolfo Alfaro Reyes señaló que se ha detectado que los prestadores de servicios actúan en contubernio con las autoridades responsables de dichos operativos e incluso en la maniobra causan severos daños a los vehículos.
El legislador presentó una iniciativa para reforma la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios, con la finalidad de que en caso de alguna infracción que amerite el retiro de la unidad, si el vehículo se puede desplazar, se permita al conductor o conductora el traslado al corralón o poder llamar al permisionario estatal de grúas de su preferencia.
“Para nadie es desconocido que, en la mayoría de los casos, para cualquier operativo que realizan, tanto autoridades municipales, como estatales, de tránsito o vialidad, utilizan o “llaman” a determinado concesionario de grúas con permiso estatal, ya sea persona física o moral (...) cometiendo una serie de abusos en la aplicación de la tarifa por kilómetro de traslado, no la respetan, significando el que obtengan ganancias indebidas por este servicio”, acusó.
El diputado dijo que estos prestadores favorecidos se han convertido en una especie de “mafia” entre autoridad y permisionarios estatales de grúas, por lo que dijo, “se debe poner fin a este abuso y regular en la ley de movilidad local”.
“En el caso de infracciones, si el vehículo se puede desplazar por su propia fuerza motriz, la autoridad que la imponga deberá permitir al conductor o conductora, sí está presente, que lo traslade, o bien, si es su deseo el usuario del servicio podrá llamar al permisionario estatal de grúas de su preferencia para que realice el arrastre”, es el cambio propuesto en la reforma con la modificación de varios artículos.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones para su estudio y dictamen.
“Consideramos que esta acción legislativa beneficia a la ciudadanía, al hacer transparente el servicio de arrastre que prestan los permisionarios regulados por el Estado. Es un apoyo importante para combatir la corrupción, evitándose el monopolio de ciertos permisionarios de este tipo de servicios que afecta a otros, además se evitan los contubernios y comisiones de las autoridades con los permisionarios de grúa y se fomenta la competitividad de este sector del servicio de transporte estatal”, concluyó Alfaro Reyes.
