Luego de la presentación del gabinete paritario de la próxima gobernadora, Libia García, en el que participarán 20 hombres y 20 mujeres, la única persona que no cuenta con un puesto seguro es la ex magistrada del Poder Judicial, Arcelia González, pues su cargo como secretaria de la Honestidad depende de la ratificación del Congreso del Estado, en el que Acción Nacional ya perdió la mayoría calificada.
Arcelia renunció a su puesto como magistrada hace unas semanas; su renuncia, aceptada en el Congreso del Estado, provocó molestia entre la oposición, pues ya vislumbraban que se trataba de un movimiento político, al recibir como perfiles suplentes al puesto que ejercía Arcelia, a personas cercanas al PAN.
La Secretaría de la Honestidad, nombrada así por el proyecto del Nuevo Comienzo de Libia García, viene a sustituir a la actual Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, y por normativa, la persona titular de esta dependencia debe ser ratificada por el Congreso del Estado.
La razón por la que Arcelia no cuenta con una ratificación segura es que, por primera vez desde 2006, el PAN perdió la mayoría calificada en el Congreso de Guanajuato, y ni sumando a la coalición que llevó a Libia García a ganar las elecciones (PRI, PRD), logran los 24 diputados que requieren para su aprobación; llegando solo a 22, Libia García tendrá que negociar con la bancada de Movimiento Ciudadano o Morena, para lograr la ratificación de Arcelia.
¿Quién es Arcelia González?
Arcelia González se desempeñó como magistrada del Poder Judicial del Estado de Guanajuato hasta el pasado mes de agosto, cuando presentó su renuncia, teniendo aún un periodo de 4 años como magistrada por delante. Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, fue diputada por Acción Nacional en la 63 Legislatura.
Dentro de las funciones de la Secretaría de la Honestidad, estarán controlar y hacer públicas las acciones del gobierno del estado en cuanto al ejercicio del gasto y de los programas de carácter público. Esta secretaría también debe promover la participación ciudadana, el ejercicio de la transparencia y el respeto al libre acceso a la información.
