En un esfuerzo por atender los rezagos históricos de las comunidades indígenas y afromexicanas, la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso local discutió este martes una propuesta que busca garantizar su participación equitativa en los procesos de elección de delegados municipales.
La iniciativa también exhorta a 13 municipios a modificar su reglamentación para incluir una Comisión de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, lo que sería un paso clave hacia la inclusión y representación efectiva de estos sectores.
La diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia subrayó que “la verdadera inclusión se logra en los espacios de toma de decisiones”, mientras que el legislador Juan Carlos Romero Hicks cuestionó si las propuestas podrán ser implementadas de forma efectiva.
Los municipios involucrados son: Apaseo el Alto, Atarjea, Comonfort, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Salvatierra, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Tierra Blanca, Valle de Santiago, Victoria y Villagrán.
Al tiempo que se lanzó este exhorto en el Congreso del Estado, la Secretaría de Derehos Humanos de Guanajuato, estuvo presente en el Foro Nacional de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, con el subsecretario Antonio Guerrero Horta, participando en mesas de trabajo para integrar el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.
Este evento se llevó a cabo en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, Michoacán, y se reunieron alrededor de 3 mil autoridades y representantes de 64 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano.
Fraccionamiento en la Sierra de Santa Rosa, bajo la lupa
En otro punto, el polémico desarrollo inmobiliario conocido como La Cucursola, en la Sierra de Santa Rosa, centró la atención por su presunto impacto ambiental.
Legisladores pidieron a las autoridades ambientales, como Profepa y la PAOT, un informe detallado sobre los permisos del proyecto y exigieron que se realicen estudios para determinar los daños al ecosistema. Incluso, algunos pidieron la clausura definitiva del fraccionamiento y la reparación de posibles afectaciones.
El diputado Ernesto Millán Soberanes señaló que este tipo de casos generan preocupación por la falta de regulación adecuada en zonas ambientalmente sensibles, lo que podría sentar un precedente negativo si no se actúa.
