La Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso de Guanajuato aprobó un dictamen que establece que al menos el 3% de los empleos en el sector público deberán ser ocupados por personas con discapacidad. La medida aplicará a los Poderes del Estado, organismos autónomos y ayuntamientos, con un cumplimiento progresivo.
El porcentaje mínimo fue una propuesta de las propias personas con discapacidad durante los procesos de consulta organizados como parte de la reforma a la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato.
Una medida enfocada en la inclusión laboral
El dictamen busca fortalecer los mecanismos de inclusión para personas con discapacidad en el mercado laboral, tanto en el ámbito público como privado. Además, contempla la implementación de programas de capacitación, sensibilización y adecuación de espacios de trabajo para garantizar condiciones accesibles.
El diputado José Salvador Tovar Vargas explicó que la propuesta no busca desplazar a otros trabajadores, sino que las plazas de nueva creación sean destinadas a personas con discapacidad.
Por su parte, representantes de organizaciones civiles resaltaron que esta cuota no debe ser vista como una medida restrictiva, ya que su finalidad es abrir oportunidades a un sector históricamente marginado del mercado laboral.
Posturas encontradas en el Congreso
Algunos legisladores expresaron preocupaciones sobre la implementación operativa de la cuota. El diputado Jesús Hernández Hernández mencionó que no todas las dependencias gubernamentales cuentan con las mismas capacidades ni necesidades laborales, por lo que una cuota fija podría ser un reto para ciertas instituciones.
Por otro lado, la diputada Ana María Esquivel Arrona señaló que la inclusión laboral debe abordarse de forma integral, más allá de establecer un porcentaje obligatorio. Destacó la importancia de garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a la educación y capacitación, lo que les permitirá competir por empleos en igualdad de condiciones.
Plazo de seis meses para implementar la medida
El Congreso aprobó un artículo transitorio que establece que el Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos tendrán hasta 180 días naturales para realizar los ajustes necesarios y cumplir con la nueva disposición.
