La Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso de Guanajuato aprobó un exhorto para incluir la frase “Kína Sahí” (pásale, en chichimeca jonáz) y su equivalente en otomí en la señalética de espacios públicos y culturales. La medida busca reconocer y revitalizar las lenguas indígenas en la entidad.
Un paso hacia la inclusión lingüística
El exhorto, dirigido a la gobernadora del estado, plantea que estas frases sean visibles en oficinas gubernamentales, instalaciones culturales y letreros de bienvenida a Guanajuato y sus cabeceras municipales. Además, se insta al Instituto Estatal de la Cultura, la Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de Educación para que fortalezcan la promoción y difusión de las lenguas originarias, garantizando su preservación y revitalización.
Acciones concretas para la preservación cultural
Entre las acciones propuestas, se solicita que el Instituto Estatal de la Cultura desarrolle políticas públicas de sensibilización sobre la importancia de las lenguas indígenas. También se busca la formación y capacitación de intérpretes en estas lenguas, así como la celebración de convenios con diversas autoridades para fomentar su uso en espacios públicos.
De igual manera, se exhortó a los 46 municipios del estado con población indígena a adoptar la lengua de los pueblos originarios en su señalética y adecuar los espacios pertinentes del Poder Legislativo del Estado.
La importancia del reconocimiento oficial
En la misma sesión, se analizó la situación del Padrón de Pueblos y Comunidades Indígenas de Guanajuato. Se solicitó a la Secretaría del Nuevo Comienzo y al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas un informe actualizado para conocer el número de comunidades registradas y si han solicitado su inscripción.
Al respecto, la diputada Ana María Esquivel Arrona destacó que el reconocimiento de los pueblos indígenas debe ser impulsado por las mismas comunidades y que es necesario conocer cuáles han solicitado su inscripción. Mientras tanto, la legisladora Plásida Calzada Velázquez insistió en que el acceso a esta información permitirá confirmar posibles omisiones en el respeto a los derechos de los pueblos originarios.
La propuesta también incluyó un llamado a los ayuntamientos de varios municipios con población indígena para que consulten a estas comunidades antes de tomar decisiones que puedan afectar su entorno y derechos. Se estableció un plazo de 10 días para recibir informes sobre los avances en esta materia.
