Aunque desde marzo entraron en vigor los nuevos lineamientos federales que prohíben la venta de comida chatarra en escuelas, en Guanajuato la mayoría de los planteles continúa comercializando productos ultraprocesados, reveló el diputado Antonio Chaurand Sorzano, de Morena. El legislador presentó un exhorto para exigir que las autoridades estatales apliquen las medidas que promueven entornos escolares saludables.
Escuelas incumplen medidas para frenar comida chatarra
Durante la sesión ordinaria del Congreso local, Chaurand Sorzano solicitó a las secretarías de Salud y de Educación de Guanajuato que implementen de manera conjunta acciones para garantizar el cumplimiento del Acuerdo Nacional para una Alimentación Saludable en Escuelas, el cual prohíbe la venta de productos con bajo valor nutricional dentro y alrededor de los planteles educativos.
El legislador señaló que esta disposición, publicada por las secretarías de Salud y Educación federal, forma parte de la estrategia Vive Saludable, con base en la Ley General de Educación, la Ley General de Salud y la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible.
Sin embargo, señaló que en la entidad persiste una resistencia social y escolar que frena su implementación.
Padres y escuelas, sin voluntad para eliminar golosinas
Chaurand advirtió que en municipios como León, Silao, San Miguel de Allende y San Francisco del Rincón, tanto padres de familia como autoridades escolares se resisten a dejar de vender y consumir golosinas, frituras y bebidas azucaradas.
“La normativa está, pero no se está cumpliendo. Es urgente que la sociedad y las autoridades estatales trabajen juntas para sacar la comida chatarra de las escuelas, ya que su consumo excesivo está vinculado a enfermedades como la obesidad, la diabetes y problemas cardiovasculares en menores”, sentenció.
Además, propuso que se realicen estudios somatométricos periódicos en los centros escolares, con el fin de contar con indicadores claros sobre el estado de salud del alumnado. El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Salud Pública para su análisis.
