En un hecho considerado histórico por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, un juez de control dictó auto de vinculación a proceso penal por delincuencia organizada contra cuatro presuntos integrantes de una célula criminal con operaciones en este municipio.
Se trata de un caso sin precedentes en la justicia local, al lograrse una vinculación por uno de los delitos más graves del Código Penal Federal, y que trasciende al ámbito local: la delincuencia organizada, lo que derivó en que el caso fuera turnado a la Fiscalía General de la República (FGR) para su seguimiento judicial.
¿Qué significa la vinculación por delincuencia organizada?
La delincuencia organizada implica que los acusados formaban parte de una estructura jerárquica y permanente, con la finalidad de cometer delitos graves, en este caso, tráfico de drogas. Este tipo penal requiere pruebas de una actuación coordinada y sostenida, más allá de hechos delictivos aislados.
Los otros delitos por los que se les vinculó incluyen:
- Portación de armas de uso exclusivo del Ejército
- Delitos contra la salud
- Amenazas
El juez consideró que los datos presentados por el Ministerio Público —entre ellos dictámenes periciales en balística, inteligencia policial y testimonios— eran sólidos y contundentes, por lo que además ordenó prisión preventiva oficiosa para los imputados: Fernando “N”, Juan Luis “N”, Gerardo “N” y Jonathan Israel “N”.
El caso se turna a la justicia federal
Debido a la naturaleza del delito de delincuencia organizada, el juez declinó competencia en favor de la FGR, que se encargará de la litigación del caso hasta llegar a una posible sentencia condenatoria.
Este procedimiento, conocido como “declinatoria de competencia”, ocurre cuando un caso rebasa la jurisdicción local, en virtud de tratarse de delitos del fuero federal.
Coordinación entre gobiernos
La Fiscalía destacó que este resultado fue posible gracias al trabajo conjunto entre policía municipal, estatal y autoridades federales, lo que representa, según el comunicado oficial, una “muestra clara del compromiso institucional con el Estado de Derecho”.
