El grupo parlamentario de MORENA en el Congreso del Estado presentó un punto de acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) que realice una auditoría financiera y de desempeño a la empresa Guanajuato Leasing Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM ENR, conocida como GTO Leasing, por su presunta utilización de recursos públicos sin vigilancia efectiva entre 2021 y 2025.
La diputada Hades Berenice Aguilar Castillo, quien expuso el caso en tribuna, señaló que GTO Leasing fue creada en 2019 desde el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG), utilizando recursos del fondo de pensiones de los trabajadores estatales. Desde entonces, el gobierno estatal ha sido su principal cliente, mediante contratos millonarios para el arrendamiento de vehículos.
Empresa cambió su estructura para dejar de ser auditada
Aguilar Castillo acusó que en septiembre de 2023, la empresa fue objeto de una reconfiguración accionaria sospechosa, mediante la cual el ISSEG quedó con solo el 49.5% de las acciones, mientras que el 50.5% fue adquirido por empresarios privados. Esa maniobra permitió que GTO Leasing dejara de ser considerada una paraestatal y, por tanto, fuera excluida del padrón de sujetos obligados en materia de transparencia.
“No fue una mejora empresarial, sino una estrategia para evadir la fiscalización pública”, sentenció la legisladora.
Contratos millonarios sin penalizaciones por incumplimiento
Entre 2021 y 2024, GTO Leasing firmó al menos dos contratos con el gobierno estatal por un total de más de 360 millones de pesos. El primero, por la entrega de 305 vehículos por 192 millones, no se cumplió completamente, pero no se aplicó penalización alguna. Aun así, se firmó un nuevo contrato por 300 unidades más, valuado en 174 millones.
‘Caso emblemático de opacidad’, señala legisladora
La diputada de MORENA calificó el caso como un símbolo de estructuras de poder construidas al margen de la ley, y criticó que la ASEG no haya realizado ninguna auditoría a pesar de las denuncias públicas y del uso de dinero público.
“Cada peso que sale del fondo de pensiones debe auditarse. Esta empresa se creó con dinero del ISSEG y luego fue blindada para operar sin rendir cuentas”, afirmó.
